Quisiera comenzar refiriendo lo publicado por Gaspar Jenkins, Maestro en Derecho e Investigador de la Universidad del Desarrollo, con sede en la República de Chile: “La Constitución Política es la ley máxima de un país en la que se recogen los distintos valores y reglas fundamentales de la sociedad, sobre las cuales se fijarán los pilares sobre los que se construirá el Estado y las relaciones entre los miembros de la comunidad. En palabras sencillas, la Constitución Política es el reflejo del pacto social acordado por todos los ciudadanos de un país, que servirá de piedra angular para la convivencia en paz entre las personas, y para la estructuración del Estado.”
Y es que desde finales del año 2023 el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, habría de anunciar que tenía un “plan C” a fin de lograr que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución) fuera reformada para lograr los cambios que habrían de consolidar su movimiento auto llamado cuarta transformación.
Ya no estaba dispuesto a seguir compartiendo las decisiones de poder, ya no quería que sus propuestas fueran rechazadas o modificadas en el Poder Legislativo o señaladas como inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como habría acontecido en ese pasado reciente.
A fin de cumplir su anunciado plan, inició una serie de modificaciones en la conformación de órganos fundamentales como el Instituto Nacional Electoral (INE), la SCJN y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) y desde ahí lograr la ansiada mayoría calificada en ambas Cámaras del Poder Legislativo. Así comenzó la destrucción del sistema constitucional mexicano como lo conocíamos para dar pie a una nueva redacción de nuestra Constitución que rompe con el pacto federal, la división de poderes y el respeto a los derechos fundamentales de los mexicanos.
A partir de las elecciones del 2 de junio de este 2024, habiendo logrado la 4T el 54% de los votos ciudadanos para integrar la Cámara de Diputados, y con una interpretación jurídica parcial a su favor por parte del INE y TRIFE, el partido del presidente y sus aliados se apoderaron de la mayoría calificada de los Diputados, y haciendo notoria presión sobre algunos Senadores lograron igualmente la mayoría calificada en esa Cámara. Con eso, las reformas constitucionales de la 4T han sido impuestas.
Lamentablemente para México, estas no tienen una motivación en la búsqueda del bien común, y solo pretenden dar más poder político y económico a la 4T para así poder satisfacer sus deseos políticos e ideológicos, lo que atenta a la estabilidad y desarrollo de la nación pues se debilita la base jurídica de nuestro país.
Cabe recordar lo señalado por Elliot Bulmer, investigador del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) con sede en Estocolmo, Suecia: “Ninguna constitución, ni siquiera la mejor, puede pavimentar una carretera o construir un alcantarillado, gestionar una clínica o administrar una vacuna, ni educar a un niño o cuidar de una persona de edad. Pese a estas limitaciones evidentes, el constitucionalismo es uno de los mayores logros de la civilización humana. Por regla general, los países que han conseguido establecer y conservar un gobierno constitucional han estado al frente del progreso científico y tecnológico, del poder económico, del desarrollo cultural y del bienestar humano. En cambio, los Estados que han sido sistemáticamente incapaces de conservar un gobierno constitucional han tendido a no alcanzar su potencial de desarrollo.”
Y para muestra de estas afirmaciones basta analizar la más reciente de las reformas constitucionales cuatroteras, que logró establecer la prohibición del uso de vapeadores en la Constitución, sin duda es la firma de un gobierno mediocre. Primero, equiparan la prohibición del uso y tráfico de fentanilo al de los llamados vapeadores cuando el daño de uno y otro son abismalmente diferentes, además, introducen en la Constitución elementos que no son de normas generales sino que en todo caso corresponden a leyes secundarias como pudiera ser la Ley General de Salud, en un país en el que notoriamente no se combate adecuadamente el tráfico de drogas prohibidas se abre un nuevo “negocio” al crimen organizado, y evidentemente, se atenta a las libertades de los ciudadanos, quienes hoy tienen todo el derecho a consumir algunas drogas como la mariguana pero no podrán utilizar vapeadores.
Y lo más triste de todo es que los legisladores federales y locales fieles al régimen cuatrotero no están dispuestos a tan siquiera cuestionarse sobre el contenido de las reformas constitucionales enviadas desde la presidencia, terminándose de facto con cualquier separación de poderes y volviendo a una vergonzosa sumisión al ejecutivo. Por su parte, el Poder Judicial y la SCJN como vigilantes del orden constitucional, se encuentran en un proceso de desaparición para dar pie a un nuevo sistema dependiente del ejecutivo.
Yo opino, que es ahí en donde el reto para la sociedad mexicana cobra importancia, pues ante la falta de un gobierno que actúe con responsabilidad, solo la sociedad organizada y no organizada puede darle la estabilidad y el desarrollo necesario a nuestro país.
Con el rumbo que lleva nuestro querido México, la preeminencia constitucional a las decisiones presidenciales se está desvaneciendo. Tal parece que si no reaccionamos se hará realidad aquella condena plasmada en el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789: “Una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes definida, no tiene Constitución”.
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