Iniciativa para desaparecer outsourcing es inflexible y unilateral

La Coparmex indicó que al desaparecer los outsourcing se corre el riesgo de “un triple daño: un deterioro mayor de la crisis económica, un aumento de la informalidad y la inhibición a la creación de nuevos empleos”.



El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó este jueves una iniciativa para prohibir la subcontratación laboral, mejor conocida como outsourcing, bajo el argumento de fortalecer el empleo y erradicar prácticas abusivas o simuladas en perjuicio de los derechos de los trabajadores y que en algunos casos también menoscaban al fisco federal.

Las reformas propuestas además de prohibir la subcontratación de personal, buscan regular los servicios especializados u obras especializadas, así como a las agencias de colocación, además de contemplar sanciones más severas como procesar a las empresas por el delito de defraudación fiscal, no dejar que deduzcan impuestos y multar a quienes incumplan con las reglas.

La justificación del gobierno federal para reformar diversos ordenamientos legales relacionados con el outsourcing surgen de considerar que la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2012 resultó insuficiente para evitar las prácticas indebidas de algunos patrones, con consecuencias en materia laboral, de seguridad social, fiscal y penal, implicando a su vez la proliferación y crecimiento de grupos de empresarios que han incrementado esquemas de subcontratación simulada.

La iniciativa menciona que algunas prácticas inadecuadas que se permiten con el actual esquema del outsourcing son el permitir que se registren a los trabajadores con un salario menor al que perciben, lo que va en detrimento de su jubilación, la cual es calculada conforme al salario registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y no con el salario que realmente perciben, además afecta su fondo de vivienda, y debido a esto obtienen menores liquidaciones e indemnizaciones frente a despidos, afectación a las licencias de maternidad, accidentes e incapacidades.

Asimismo, señala que la simulación en la relación laboral respecto a quién es el verdadero patrón pone en riesgo la estabilidad en el empleo, el pago de reparto de utilidades, compromete la antigüedad e impide la organización libre de los trabajadores y la negociación colectiva, por ende, la mejora salarial.

Por otro lado, el documento menciona que el outsourcing también afecta a las empresas que sí cumplen con la ley, al generar una competencia desleal al abaratar artificialmente el costo de la mano de obra, tanto por lo que pagan al trabajador como por la evasión de impuestos y cuotas de seguridad social.

Critican unilateralidad

La iniciativa de reforma presentada por el gobierno federal no fue bien recibida por el sector empresarial. En un comunicado la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) la calificó de “inflexible y unilateral”, además de anticipar que de implementarse tal y como la envió el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, se corre el riesgo de “un triple daño: un deterioro mayor de la crisis económica, un aumento de la informalidad y la inhibición a la creación de nuevos empleos”, y agregó que aunado a ello, la prohibición total de la subcontratación laboral será un freno adicional al crecimiento económico.

La Coparmex afirmó que el sector patronal está de acuerdo en que debe combatirse el uso irregular y abusivo de la figura de la subcontratación para defraudar a los trabajadores, al fisco y a la seguridad social, y que este sea utilizado como mecanismo para la competencia desleal, pero consideró que el outsourcing debe regularse, pero no prohibirse.

El sindicato patronal se quejó de que al presentar de manera unilateral esta iniciativa, el “gobierno federal no acató el Convenio número 144 de la OIT que promueve el tripartismo y el diálogo social, mismo que asegura que las voces de las organizaciones de empleadores y trabajadores sean escuchadas. Sin embargo, la Administración Federal está obligada por tratados internacionales a consultar y luego a decidir”.

Asimismo, destacó que “según datos del Censo Económico 2019, se pone en una condición de indefensión a 4.6 millones de personas ocupadas en este país bajo esta modalidad e incluso podría afectar la competitividad del país en el marco del T-MEC”.

Entre otras de las observaciones que la Coparmex hizo sobre el documento, resaltó que tiene efectos fiscales adversos y resulta desproporcionada, ya que prohíbe la posibilidad de hacer deducibles del ISR y acreditar el IVA, catalogando tales actos como defraudación fiscal.

El organismo empresarial consideró que la prohibición de la subcontratación repercutirá negativamente en la generación de empleo, además de que conformará un entorno propicio para que se incremente la informalidad, el cual señaló como uno de los principales obstáculos para la productividad, el crecimiento y el desarrollo de México.

Observó que en nuestro país el 56 por ciento de la población ocupada está contratada bajo el mecanismo de los outsourcing, por lo que endurecer los mecanismos de contratación aunados a la falta de apoyos fiscales, podría derivar en agravar la informalidad y, por ende, profundizar la precariedad laboral.

Consideró que tras la crisis provocada por el COVID-19 en el que la generación de empleos resultó muy afectada, las condiciones en el mundo deben tender a la flexibilización. “El sector patronal considera que la reforma debe tener como reto principal el regular la subcontratación y no prohibirla. Es decir, vigilar a las empresas que lo utilizan y sancionar a las que simulan. Debe ser cada vez más fácil contratar y ser contratado”.

Finalmente, la Coparmex instó al Congreso de la Unión y al gobierno federal a “retomar el compromiso de diálogo social que nos permita avanzar en una propuesta de apuesta triple: que proteja a los trabajadores, facilite la recuperación de empleos perdidos y flexibilice el mercado para dar oportunidad a la creación de nuevas fuentes de trabajo”.

Otras voces

De acuerdo a una nota publicada por Canal 44 de Guadalajara, Ricardo Parra, gerente divisional de la empresa de soluciones de capital humano Manpower Group, reconoció que es necesario combatir la corrupción, la evasión fiscal y las malas prácticas en lo que llaman tercerización de personal, y que en ese sentido sí apoyan la iniciativa.

“Si se regula, que se regule para bien, para que todas las empresas registren al empleado con su salario real en el IMSS porque muchas no lo hacen, no pagan impuestos, se quedan con el IVA, realmente debe haber una regulación que todos paguemos los impuestos correspondientes que marque la ley, y que a los empleados se les registre al 100 por ciento con su salario en el seguro social”, indicó.

De acuerdo con Ricardo Parra, en México existen dos mil empresas de subcontratación, de las cuales el 90 por ciento son “ilegales”.

Por otro lado, a través de Twitter el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, se quejó de que el gobierno federal no haya consensado con el sector patronal los cambios propuestos en la iniciativa en la que propone la desaparición del outsourcing.

También a través de esta misma red social, el exsecretario del Trabajo, Javier Lozano, descalificó la iniciativa del gobierno federal.



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@yoinfluyo

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