La transparencia legitima la democracia

La función más evidente de la transparencia es poder a los gobernantes, es decir, mediante la información proporcionada a la sociedad en una democracia representativa, los electores pueden premiar o castigar el desempeño de los gobernantes y las instituciones.


La transparencia y la democracia 


En las democracias jóvenes que aún no se desarrollan totalmente, como la mexicana, es muy importan-te que existan buenos mecanismos para lograr la transparencia y el acceso a la información, pues ayuda a fomentar y fortalecer una comunidad e interacción entre la ciudadanía y el gobierno, aumentando la confianza en las instituciones que son financiadas mediante recursos públicos.

Hoy en día el acceso a la información es considerado constitucionalmente como un derecho humano que permite a cualquier ciudadano consultar y solicitar al gobierno información pública, siempre y cuando esta no sea de acceso restringido de acuerdo con lo establecido en la ley. Un ejemplo muy claro de cuando la información es restringida y protegida por la ley son los mismos datos de los ciudadanos, como es su edad, residencia, formación académica, o registros médicos, y, por supuesto, los relativos a cuestiones de seguridad nacional. Si algún funcionario o dependencia brinda este tipo de información estaría incurriendo en una grave falta administrativa.

La transparencia y el acceso a la información son parte del derecho a la libertad de opinión y de expresión instaurado en diferentes documentos y tratados internacionales, como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este derecho no se limita a la información gubernamental, aunque el Estado está obligado a realizar acciones encaminadas para garantizar que la ciudadanía tenga las condiciones y mecanismos para ejercer su derecho a ella. Entre estas acciones se encuentra la obligación de todas las autoridades de publicar y entregar la información de su gestión y desempeño a quien lo solicite.

En materia de transparencia, la situación en México cambió radicalmente para bien hace 20 años con el inicio de la transición y la llegada al poder del PAN rompiendo con 70 años de gobierno autárquico del PRI. Por décadas, conseguir información de alguna institución o dependencia gubernamental era prácticamente imposible. Legalmente ni siquiera existía la forma de obligar a las dependencias a que proporcionaran la información que era solicitada por periodistas, académicos o ciudadanos.

En los últimos años tuvieron avances importantes en materia de transparencia y acceso a la información, con los que había logrado tener las bases para contar con un Estado cada vez más abierto que ofrece los medios y mecanismos para que la ciudadanía esté informada. Mediante reformas constitucionales se han establecido principios y obligaciones para que las instituciones gubernamentales garanticen el derecho a la información.

Gobierno de opacidad

Si es verdad que en las administraciones pasadas se ha fomentado la transparencia, a pesar de que en ocasiones la información que brindaban los gobiernos no los dejaba en buenos términos con la sociedad; a la administración actual se le ha acusado de mantener una opacidad en términos de transparencia. A pesar de realizar una conferencia de prensa de lunes a viernes, el actual presidente al ser cuestionado en algún tema o cifra que no le favorece simplemente se limita a decir que cuenta con otros datos y no da mayor explicación.

Como un ejemplo de la opacidad de la cual se acusa a la actual administración, podemos mencionar que de 1,813 solicitudes de información recibidas en la Oficina de la Presidencia del 1 de enero al 27 de junio del 2019, 303 se convirtieron en recursos de revisión por respuestas deficientes o falta de respuesta, es decir, el 16.7%.

Este dato, medido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) como índice de recurrencia, triplica el que se tuvo el último año del expresidente Enrique Peña Nieto, de 5.7%, e incluso el promedio registrado desde 2003, cuando entró en vigor la Ley de Transparencia, de 5.9%.

Una de las respuestas más recurrentes de la actual administración para no entregar información solicitada, es declarar la inexistencia de la misma, aun cuando sea evidente que debe estar en sus archivos. Prueba de ello se encuentra en la solicitud con número 0210000165319 interpuesta ante el INAI, en la que se requirió “los documentos que den constancia de los gastos de las giras de trabajo del presidente y de toda la ayudantía que lo acompaña”, la oficina declaró que no contaban con los datos para poder entregarlos.

Está claro que la administración actual no valora la confianza que fomenta un gobierno abierto y transparente. Más allá de otras explicaciones más elaboradas o que apunten a la sobresimplificación de las tareas de gobierno, el presidente basa su actuar en este renglón, como en tantos otros, basado en una sencilla medida: su popularidad. En su cálculo ésta es lo suficientemente elevada para continuar culpando a otros, para no asumir responsabilidad directa ni de sus acciones, y por tanto, creer que rendir cuentas está muy por deba-jo de su persona y es innecesario, pues con su aval cualquier acción es buena, suficiente y positiva Sin embargo, podemos apreciar que un sector de la población que en un inicio respaldaba a la actual administración, hoy se arrepiente y es justamente por acciones como esta, el vulnerar la transparencia y la democracia, que las personas se replantean continuar apoyando o buscar nuevamente un cambio.

Lo que este tipo de acciones representa es un retorno a un gobierno opaco y autocrático, el cual cree que no tiene la obligación de proporcionar o generar la información solicitada. Lo único que crea al negar la información es un rechazo por parte de la sociedad civil, ya que al negar la información, se regresa a un antiguo modelo de gobierno cerrado y sin transparencia; en el cual se podrían realizar actos que atenten contra la democracia o la sociedad sin que nadie pueda hacer algo para evitarlo, debido a que la información no está disponible.

La historia de la transparencia

El derecho de acceso a la información pública se mencionó por primera vez en la reforma del artículo 6° constitucional en 1977, cuando se anexó la expresión “el derecho a la información será garantizado por el Estado”. Sin embargo, su concepción era ambigua y carecía de un procedimiento definido o leyes que avalaran el ejercer este derecho.

Si recordamos que por poco más de 70 años en México se vivió un sistema autocrático, en el que un solo partido, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), tenía el control de las instituciones, las elecciones y el gobierno. La transparencia no era un tema que les importara desarrollar, ya que no tenían que rendirle cuentas nadie.

Pero, a finales de los años 80 una sociedad cansada de los abusos por parte de un solo partido fue exigiendo al gobierno una mayor representatividad, elecciones más justas y por supuesto transparencia. La misma ciudadanía mediante consejos ciudadanos, y los partidos políticos de oposición, alentaron y fomentaron el voto para lograr que las cosas cambiaran en el país.

Como consecuencia, durante la década de los 90 pasaron cosas extraordinarias en México. Por primera vez varios estados de la República fueron gobernados por la oposición, entre ellos el Distrito Federal, la ciudad más importante del país. Se fundó el Instituto Federal Electoral (IFE) en 1990, organismo autónomo encarga-do de realizar las elecciones federales. Asimismo, en 1996, se fundó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), órgano especializado del Poder Judicial, encargado de resolver controversias en materia electoral y proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos. Ese mismo año el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, con lo que aumentó la representatividad política en México.

Esos factores fueron determinantes para que, en las elecciones presidenciales del año 2000, Vicente Fox Quesada (PAN-PVEM), ganara la elección, logrando por primera vez la alternancia en la presidencia del país.

En el año 2002, el expresidente Vicente Fox propuso la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la cual fue aprobada por ambas Cámaras. Y como resultado se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), como la institución encargada de garantizar que cualquier ciudadano pudiera solicitar información de las dependencias gubernamentales federales, y estableciendo la rendición de cuentas como obligación de las autoridades. En otras palabras, el IFAI se convirtió en el organismo garante y autónomo del derecho a la información.

Vale la pena mencionar que la rendición de cuentas es la obligación de los gobernantes hacia la ciudadanía. Implica la obligación de políticos y funcionarios de informar sobre sus decisiones y de justificarlas en público y, la capacidad de sancionar a políticos y funcionarios en caso de que hayan violado sus debe-res públicos.

Sin embargo, la ley aprobada en 2002 no regulaba los escenarios estatal ni municipal, sólo el ámbito federal. Para el año 2003, algunos estados como Jalisco y Sinaloa ya contaban con instituciones estatales independientes que se encargaban de brindar la información requerida por la ciudadanía en temas de transparencia, y aunque las leyes de cada entidad federativa reconocían el derecho de acceso a la información pública, la Ley Federal no regulaba el escenario estatal ni municipal.

Fue hasta la reforma de 2007 al artículo 6° constitucional que se establecieron los principios, condiciones y exigencias mínimas que deberían cumplir las distintas legislaciones del país y cada nivel de gobierno, además de obligar a los congresos locales a transparentar la información sobre su quehacer gubernamental. Por lo que fue obligatorio y regulado que cada entidad federativa contara con un organismo local, para garantizar la transparencia de los gobiernos locales.

Para 2014 se realizó una nueva reforma constitucional con el fin de definir un sistema integral y coherente en materia de transparencia y cuyos ejes principales fueron:

1.- Dotar de autonomía a los organismos garantes del derecho de acceso a la información a nivel estatal y federal.

2.- Ampliar las atribuciones y responsabilidades del organismo garante federal.

3.- Definir y aumentar el número de instituciones obligadas a publicar información sobre sus funciones y sobre el uso de fondos públicos.

De esta reforma surge el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, instancia encargada de construir la política nacional, y de organizar y coordinar los esfuerzos entre los distintos entes involucrados para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales.

En 2015, como parte de la reforma del 2014, se publicó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con lo que el IFAI cambia de nombre al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Institución a la cual se establecieron las obligaciones, facultades y derechos que deben regir el sistema en los tres órdenes de gobierno.

En ella se establecen las facultades de los organismos garantes a nivel federal y estatal; se especifican las instancias encargadas de los asuntos de transparencia y acceso a la información; y se homologa y clasifica la información que por obligación deben publicar las instituciones.

Con la última reforma constitucional se homologaron los derechos y las obligaciones de los 31 organismos estatales autónomos, del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFODF) y el INAI como máxima autoridad en temas de transparencia en la República; con lo que se logró que en todo el país los ciudadanos sean ca-paces de solicitar la misma información para poder realizar y contrastar la información por igual y no se vean limitados en una entidad.

Asimismo, se definieron los procesos, mecanismos y sistemas para solicitar información y los procedimientos de impugnación cuando las personas solicitantes no estuvieran satisfechas con la respuesta recibida por parte de las instituciones.

Con los cambios normativos se fijaron los cimientos para poder legitimar las acciones de los gobiernos, las instituciones y las organizaciones públicas mediante la rendición de cuentas, y así generar un ambiente de confianza entre el gobierno y la sociedad, dando como resultado una mayor participación ciudadana e interés en temas que afectan a la sociedad.

¿Cómo influye la transparencia en la democracia?

La función más evidente de la transparencia en un Estado es la de poder evaluar a los gobernantes, es decir, mediante la transparencia y la información proporcionada a la sociedad en una democracia representativa, los electores pueden premiar o castigar mediante el voto el desempeño de los gobernantes y las instituciones. Por lo que es fundamental que los gobiernos recopilen y transparenten la información necesaria para que la sociedad pueda evaluar su desempeño.

Es decir que la transparencia proporciona a los electores las herramientas y la información necesaria para actuar en pleno conocimiento de causa. Por lo que la transparencia se debe de ver cómo un elemento facilitador por parte de un gobierno democrático. Consolidando a la transparencia como uno de los vínculos más importante que unen a la sociedad con la democracia.

Por otro lado, contamos con la rendición de cuentas, a la que la transparencia está asociada, con la idea de que la sociedad pueda exigir una justificación por la forma en la que actuaron sus gobernantes. Como ya se mencionó anteriormente, la rendición de cuentas se entiende a la obligación de los funcionarios de responder por sus acciones durante su periodo de mandato, y la capacidad de los ciudadanos para castigar los resulta-dos de la gestión en caso de que no cumplieran con sus promesas o realizaran correctamente sus deberes públicos.

Es indispensable que los ciudadanos no solamente obtengan el derecho de acceder a la información, sino que además lo utilicen para fortalecer las vías de participación y el control democrático del poder. La transparencia, al permitir la rendición de cuentas, funciona como inhibidor de conductas y acciones que atenten contra los intereses y las voluntades de la sociedad.

Mantener un control sobre el poder público, ya que la transparencia ha sido caracterizada como uno de los contrapesos para evitar que exista un exceso de poder por parte del gobierno, y garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Al igual que la separación de poderes, el conjunto de derechos fundamenta-les y la existencia de una constitución, la transparencia sirve para limitar el poder del gobierno. Este control se efectúa a través de la vigilancia y la fiscalización de las acciones de los políticos y funcionarios, evitando que estos caigan en malas prácticas durante su gestión.

La transparencia ayuda a fortalecer a la autoridad política, paradójicamente la transparencia y el acce-so a la información no sólo sirve para limitar el poder de los gobiernos, también lo aumenta. Debido a que, mediante la transparencia, se genera confianza dentro de la ciudadanía, lo que aumenta la posibilidad de que la sociedad respalde y apoye a los candidatos y partidos que realizaron una buena labor.

La confianza puede facilitar la coordinación entre la ciudadanía, y sus gobernantes, resultando en una mayor legitimidad para el gobierno y en mejores resultados en las demandas de los ciudadanos. Sin embargo, la sociedad no puede dejar de vigilar el comportamiento de los gobernantes, y depositar toda la confianza en ellos pensando en que realizaran su trabajo, ya que en cualquier momento pueden caer en malas prácticas que afecten a la ciudadanía.

En la democracia siempre será necesario que los individuos se preocupen por invertir tiempo y energía en mantenerse informados sobre los asuntos públicos. En diversos momentos deberán decidir si dan o no su consentimiento a una gobernante. Para tomar esas decisiones necesitan mantenerse informados por diveras fuentes. Las instituciones que garantizan y permiten la transparencia son indispensables para esta importante labor. Lo cierto es que las instituciones democráticas que garantizan la transparencia permiten que los ciudadanos confíen en un gobierno al hacerlo más confiable.

Finalmente, la transparencia es vital para detectar y corregir errores, se trata de una forma particular a través de la cual la transparencia fortalece a los gobiernos y mejora su capacidad para gobernar. La transparencia puede establecer una estructura institucional la cual, si funciona de manera adecuada, resulta en toma de decisiones más inteligente, y hace que sea más sencillo aprender de los errores y corregirlos.

Se puede afirmar que las instituciones que garantizan el derecho de acceso a la información no solamente son relevantes para la sociedad civil, también los son para las propias instituciones gubernamentales, ya que son mecanismos útiles para revisar y corregir errores realizados en pasadas administraciones. Es verdad que nadie gusta de aceptar públicamente cuando comete un error, sin embargo, la clase política más bien ocupa la transparencia para demostrar los errores de sus opositores.

Sin embargo, si la ciudadanía funciona como un mecanismo de recolección de información que el gobierno puede utilizar para identificar y corregir errores en su administración. Pero para ello es necesario que la ciudadanía pueda conocer las decisiones tomadas por sus gobernantes en los tres niveles de gobierno. Algunos gobernantes utilizan esta información para anticipar acciones ante errores cometidos antes de que estos sean dados a conocer por la sociedad. De esta manera, la transparencia ayuda a ver a los gobernantes todos los errores que cometen.

La transparencia y el futuro de la democracia

La transparencia y la democracia hoy en día van de la mano, ya que con ella se robustece y se garantiza un gobierno más legítimo. Lo que hace imperativo para continuar con el desarrollo y la consolidación de la democracia que el gobierno garantice la existencia y autonomía de leyes e instituciones capaces de recopilar y entregar la información de la forma en la que los gobiernos realizan su labor.

La transparencia no sólo sirve para que la ciudadanía juzgue al gobierno sino para que el mismo gobierno pueda autoevaluarse y corregir la forma en la que gobierna, ya que los gobiernos democráticos se regulan a través de los mecanismos de autocorrección y aprendizaje que la transparencia permite.

Con la transparencia la clase política puede entender cuáles son las áreas de interés de la ciudadanía y de los diversos grupos políticos, lo que hace posible encontrar temas en los que está interesando y los que deben evitar. Haciéndolos capaces de identificar los problemas que debe de abordar para llegar a una resolución. Sin embargo, vale la pena recalcar que la omisión de temas para evitar algún posible enfrenta-miento no será una opción permanente, ya que llegará un punto en el que el tema sea tan relevante que será imposible de ignorar.

La sociedad hoy en día está más pendiente del actuar de la clase política, tanto para exhibirla y condenarla como para defenderla. Lo que es cierto es que hoy en días es más fácil obtener información casi de cualquier lado y en cualquier forma. Lo que se vuelve un arma de doble filo ya que como puede uno obtener información de calidad, también uno puede caer en información cuya única intención es crear un discurso disruptivo y difundirlo en la sociedad.

 

Te puede interesar: El abstencionismo en México

@yoinfluyo

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.