Bartlett, pesadilla de la 4T

Manuel Bartlett se ha convertido en la pieza incómoda de corrupción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, después de que un reportaje periodístico puso al descubierto que el funcionario tiene 25 propiedades y 12 empresas.


Manuel Bartlett


A finales de agosto, la periodista Arelí Quintero presentó una investigación sobre las propiedades que tiene Manuel Bartlett, quien se desempeña como director general de la Comisión Federal de Electricidad en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Dicha investigación demostró que Manuel Bartlett tenía 25 propiedades y 12 empresas, registradas a nombre de su pareja sentimental Julia Abdalá Lemus y de su hijo León Manuel Bartlett Álvarez.

En mayo, Manuel Bartlett incluyó en su declaración patrimonial inversiones por 51 millones de pesos e ingresos anuales por un poco más de 11 millones de pesos, además de 2 edificios comprados en los años 70 y 3 locales heredados por su madre en los años 90; sin embargo, según el reportaje antes señalado, el funcionario omitió informar que junto a su familia tiene otras 23 propiedades y dos terrenos cuyo valor supera los 800 millones de pesos.

Alfredo Lecona, analista, activista político y la persona que presentó la demanda ante la Función Pública, asegura que el problema radica en un sistema político disfuncional y que esta situación es un reto para el gobierno de Andrés Manuel, pues se ha basado en la lucha contra la corrupción.

Tras las acusaciones al director de la CFE, AMLO aseguró que era una treta política de los “conservadores”, porque no les gusta que avance su gobierno.

El analista político asegura que Bartlett es una pieza fundamental del gobierno; primero porque están renegociando varios contratos y segundo porque es fundamental para lo que ellos llaman la renacionalización de la energía eléctrica, y probablemente es por eso que AMLO le ha dado su respaldo político.

Lecona asegura que es grave que AMLO siga defendiendo estos comportamientos de corrupción y que si el director de la CFE es realmente culpable, debería de retirarse.

Una de las empresas de su pareja es una consultoría especializada que ofrece servicios de fibra obscura y ahorro de energía, área relacionada directamente con el giro que Bartlett encabeza. Mientras que su hijo, tiene una empresa llamada Cyber Robotic que distribuye equipo médico y que, a partir de marzo, obtuvo un contrato por más de dos millones de pesos mediante adjudicación directa del Ejército.

Además, Julia Abdalá se asoció con Javier Janeiro Rodríguez, personaje acusado de diseñar el sistema de empresas fantasma del exgobernador de Veracruz Javier Duarte, y en 2016 la entonces Procuraduría General de la República cateó el despacho de Janeiro, ubicado en un inmueble registrado a nombre de Abdalá.

Lecona explica que la demanda que presentó ante la Función Pública es por omisión, por ocultar conflicto de interés. El activista calificó como un verdadero reto este conflicto, pues de la Función Pública se tiene que abrir una investigación por parte de la Fiscalía General de la Republica en el área de la Fiscalía Anticorrupción; “ahí es donde se verá si hay independencia de la fiscalía como AMLO lo ha predicado, además de que se sabrá si lucha realmente contra la corrupción”.

El activista y analista político destacó que es preocupante que entre los nombres que han salido en esta investigación esté el de Javier Janeiro Rodríguez, uno de los operadores expertos en el campo de la corrupción, que si está ligado al caso, probablemente Bartlett también esté ligado a las empresas fantasma de Duarte.

Además Lecona asegura que es importante que el presidente demuestre a los 30 millones de mexicanos que votaron por él que sus principios morales son reales, pues durante meses ha predicado que la 4T se basa en tres principios: no mentir, no robar y no traicionar; sin embargo, Bartlett mintió en su declaración, es investigado por corrupción que es una manera de robar y está traicionando los principios de la 4T.

Alfredo Lecona dice que la intención de meter la demanda ante la Secretaría de la Función Pública, fue que no se quedara en una acusación pública; por ello, transcribió el reportaje e inició el proceso en la dependencia.

 

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