El voto en prisión preventiva es un pendiente del Estado mexicano: INE

Las personas que se encuentran en prisión preventiva no tienen suspendidos sus derechos político-electorales.



A pesar de los logros alcanzados en la garantía de los derechos políticos de la ciudadanía, sigue pendiente lograr el derecho al voto de las personas que se encuentran en prisión preventiva, no sólo por parte de las autoridades electorales, sino del Estado mexicano, como un avance a favor de la inclusión, dijo Diana Ravel Cuevas, consejera del INE.

Al participar en la presentación del libro “Voto en prisión preventiva”, organizado por el Consejo Local del INE en Hidalgo, la consejera sostuvo que el voto de las personas en prisión preventiva está directamente relacionado con los derechos humanos y México se encuentra rezagado en esta materia, pues algunos países de América Latina ya garantizan este derecho, incluso con el uso de urnas electrónicas.

Recordó que las personas que se encuentran en prisión preventiva no tienen suspendidos sus derechos político-electorales y que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al INE la realización de una prueba piloto para que pudiera ejercer su derecho a votar, la cual se desarrolló en cinco Centros Federales de Readaptación Social del país en la elección federal de junio de 2021.

Diana Ravel Cuevas, consejera del INE, dijo que las acciones realizadas por el INE permitirán fincar las bases sobre las cuales se edificará la garantía de este derecho, además de que una reforma al Código Penal de Hidalgo establece que la ciudadanía o el ciudadano que esté privado de la libertad y no le hayan dictado sentencia condenatoria podrá votar en los procesos electorales y en cualquier mecanismo local de participación ciudadana, por lo que anunció que en las elecciones de la gubernatura en Hidalgo para este año, nuevamente se podrá garantizar este ejercicio inédito.

Ravel Cuevas detalló que Hidalgo tiene 15 centros penitenciarios, 12 estatales y tres municipales, con un universo de mil 224 personas potenciales participantes y aunque sólo cuatro cuentan con la infraestructura de seguridad necesaria “la falta de condiciones idóneas de espacio no puede ser un impedimento permanente para la garantía plena del voto de las personas en prisión preventiva”.

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