Las diferencias de opinión no se persiguen como delitos: INE

Es muy preocupante que el presidente de la Cámara de Diputados pretenda convertir un diferendo legal en una persecución penal, afirmaron integrantes del Consejo General del INE.



Como “injustificada y sin sustento jurídico” calificó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) la denuncia penal que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna integrante de Morena, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra integrantes del órgano colegiado por haber votado a favor de posponer temporalmente algunas actividades preparatorias para la organización de la eventual consulta de revocación de mandato.

Los integrantes del INE recalcaron que “en un Estado democrático de derecho las diferencias de opinión no se persiguen como delitos”.

A través de un posicionamiento, los integrantes del Consejo General del INE señalaron que es “muy preocupante que el presidente de la Cámara de Diputados pretenda convertir un diferendo legal en una persecución penal”. Además, afirmaron que con esta acción se busca inhibir la independencia con la que los consejeros valoran y votan los asuntos que les competen.

“Por encima de las diferentes posiciones que hemos adoptado sobre esta y otras decisiones, las Consejeras y Consejeros electorales del INE rechazamos las denuncias penales contra cualquiera de nuestras y nuestros compañeros y toda forma de intimidación y vulneración de nuestra autonomía. Las diferencias de criterio en casos en los que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones en el marco de nuestras atribuciones legales, no deben ameritar la persecución penal, sobre todo, cuando quienes las adoptan han explicado públicamente los motivos de su decisión”.

Espaldarazo al INE

Diego Valadés, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y exfiscal de Justicia del Distrito Federal, dijo que el presidente de la Cámara de Diputados “le debe una disculpa a la ciudadanía” y afirmó que la denuncia penal que presentó contra seis consejeros del INE por las decisiones institucionales que adoptaron, carece de fundamento jurídico, ético y político en un Estado constitucional.

En respaldo del INE, Santiago Creel Miranda, diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN) y vicepresidente de Cámara de Diputados, afirmó que el diputado Sergio Gutiérrez cometió un grave error al presentar ante la FGR una denuncia contra consejeros del INE, “la cual no acompañamos”.

El legislador panista argumentó que es imposible que exista delito en un acto de autoridad legítimo –como el de la mayoría del Consejo General– que se reunió en tiempo y forma para defender derechos políticos ciudadanos que son derechos humanos y que el artículo primero de la Constitución obliga a todas autoridades a defender. Y sobre todo cuando la decisión puede ser recurrida ante el Tribunal Electoral o la Corte.

Aseguró que el INE ha sido jurídicamente impecable y recordó que acató de inmediato la suspensión que la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó al presidente de la Cámara de Diputados de continuar los trabajos preparatorios para la revocación de mandato, “pese a la insuficiencia presupuestal a la que es sometido”.

Creel Miranda respaldó el posicionamiento público del INE, en el que considera la denuncia ante la FGR como una acción injustificada y sin sustento jurídico que busca inhibir la independencia de los integrantes del Consejo General, cuando votan libremente los asuntos de su competencia.

Por otra parte, el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, a través de un mensaje de Twitter celebró “el pronunciamiento de la totalidad del Consejo General del INE ante la pretensión de Morena de acusar penalmente a quienes votaron por posponer actividades sobre la falsa consulta popular. El INE somos todos los demócratas de México. ¡No al autoritarismo!

En tanto que el coordinador de los diputados federales de ese mismo partido, Luis Espinosa Cházaro, condenó que “en nuestro país, el pensar distinto se está pretendiendo constituir como un delito, es un retroceso democrático muy peligroso.

 

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