Decreto sobre infraestructura huele a dictadura

Con el decreto para blindar las obras de infraestructura del gobierno federal, "López Obrador quiere concentrar todos los poderes en uno solo, en el presidente de la República, a eso se le llama autocracia y empieza a oler a dictadura".



El presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto para catalogar todas las obras de infraestructura de su administración como asunto de interés público y de seguridad nacional, de esta manera "blinda" la información relacionada con su desarrollo, además instruyó a las dependencias y entidades de la administración pública federal emitir permisos provisionales, en menos de cinco días, a fin de que se inicie pronto su construcción.

El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), fue calificado por la Barra Mexicana de Abogados (BMA) como "ilegal e inconvencionalmente, con deficiente e incorrecta fundamentación constitucional", además de señalar que resulta “francamente violatorio” de diversas disposiciones plasmadas en la Carga Magna y contiene al menos seis graves transgresiones legales.

En primer lugar, señala que contraviene la división de poderes al pretender imponerse indebidamente sobre las leyes emanadas del Congreso de la Unión, entre otras en materia de competencia, medio ambiente, telecomunicaciones y energía.

En segundo término, indica que violenta las disposiciones en materia de competencia económica toda vez que en vez de promover la competitividad, más bien genera una competencia desleal.

La tercera es la transgresión en materia ambiental, particularmente el derecho humano al medio ambiente, la autorización previa en materia de impacto ambiental y disposiciones sobre el desarrollo sustentable.

El cuarto atropello es con respecto a las disposiciones en materia de debido proceso; el quinto se refiere a que no respeta las disposiciones en materia de consulta previa, tanto ambiental como indígena y otros procesos sociales y agrarios.

Y finalmente, infringe disposiciones en materia de progresividad en materia de derechos humanos.

La BMA señala que adicionalmente el acuerdo también viola disposiciones contenidas en tratados comerciales en lo relativo a competencia económica, medio ambiente, consultas previas, energía, trato justo, debido proceso, entre otras.

Preparan controversias

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) informó que prepara una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Acuerdo por el que los proyectos y obras de infraestructura del gobierno de México son considerados de interés público y seguridad nacional.

Luego de analizar los alcances del acuerdo, el pleno del Inai determinó ejercer este control constitucional, con el cual buscará evitar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal reserven por seguridad nacional, de manera generalizada y anticipada, la información relacionada con los proyectos y obras que el gobierno lleva a cabo.

Los integrantes del Inai advirtieron una posible transgresión al artículo 6º de la Constitución, en tanto que la seguridad nacional es un presupuesto de reserva de la información, de acuerdo al artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En ese sentido, se corre el riesgo de que los sujetos obligados que generan la información de estos proyectos puedan pretender reservar información con base en el Acuerdo, lo cual vulneraría el derecho de acceso a la información.

En la Cámara de Diputados los dirigentes del PAN, PRD y PRI, Jorge Romero, Luis Cházaro y Rubén Moreira, respectivamente, que conforman la coalición Va por México dieron a conocer que presentarán una controversia constitucional contra el decreto presentado por el presidente en torno a las obras de infraestructura de su gobierno.

Lo líderes parlamentarios se dijeron preocupados por la opacidad que con este acuerdo pretende realizar el gobierno federal en torno a sus proyectos emblemáticos.

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, afirmó que con este decreto "López Obrador quiere concentrar todos los poderes en uno solo, en el presidente de la República, a eso se le llama autocracia y empieza a oler a dictadura".

Esta postura fue compartida por la senadora Estrella Rojas Loreto del PAN, quien en sus redes sociales escribió que “con el #DecretazoPresidencial, el presidente demuestra una vez más su talante autoritario al impedir la transparencia en la realización de sus obras faraónicas. Cuánto costarán y quién las hará, será ahora información reservada bajo pretexto de seguridad nacional”.

Competencia dispareja

Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) expresó su rechazo a este acuerdo e hizo un llamado a defender la legalidad y el estado de Derecho para proteger el medio ambiente, la seguridad pública y los derechos humanos, son garantías que no pueden estar sujetas a la discreción de las autoridades en turno, ya que este acuerdo afecta la toma democrática de decisiones.

Observó que el acuerdo presidencial abarca proyectos indeterminados asociados a infraestructura de la gran mayoría de los sectores y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional, sin tomar en cuenta que la Constitución reserva el régimen excepcional de seguridad nacional exclusivamente a casos graves que lo justifiquen y, en todo caso, por decisión del Poder Legislativo, que representa la pluralidad democrática en México, por lo que este Acuerdo pone al Ejecutivo por encima de la ley.

El organismo que representa la cúpula empresarial destacó que la Ley de Seguridad Nacional actual no considera a las obras de infraestructura como un riesgo para la seguridad nacional, sino que contempla cuestiones de máxima importancia y gravedad, como la protección de la nación, preservación de la soberanía e independencia en defensa del territorio, el mantenimiento del orden constitucional, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria y genocidio.

El CCE criticó la preferencia que se dará a las obras de infraestructura del gobierno para autorizar provisionalmente sus trabajos, en un plazo de cinco días, toda vez que es una medida que prácticamente pone a los proyectos públicos por encima de la ley y produciría efectos en el gasto, en el desarrollo de obras y en la afectación de derechos que sería irreversible y que dejaría a comunidades, personas y empresas en situación de indefensión.

A su vez la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que con este decreto, los ciudadanos quedan en total estado de indefensión frente a la autoridad, ya que verán cómo sus derechos humanos y certeza jurídica pueden ser atropellados. Por ejemplo, una obra podría ser devastadora con el medio ambiente y el derecho a la salud, sin consecuencias para las autoridades y sin garantías para que el daño sea reparado.

El sindicato empresarial consideró grave la medida publicada y exhortó al Poder Ejecutivo a revertir la publicación de dicho decreto a fin de que quede sin efectos. “Antes que cualquier obra o proyecto están los derechos humanos y la plena vigencia de nuestro estado de Derecho”, subrayó.

Defensa a capa y espada

Como era de esperarse, los diputados de Morena encabezados por Ignacio Mier Velazco aplaudieron el decreto el cual aseguraron, tiene como objetivo agilizar la realización de los proyectos de la administración pública federal y eliminar la excesiva burocracia.

Mier Velazco criticó las reacciones de la oposición y las calificó como un intento de desvirtuar lo que es una atribución constitucional del titular del Ejecutivo, que favorece proyectos de gran utilidad pública.

En respuesta a esta afirmación, la diputada Margarita Zavala (PAN) escribió en su cuenta de Twitter “Morena dice, en la Cámara de Diputados, que es válido el decretazo porque no hay corrupción… no se dan cuenta que es contra el derecho y la Constitución”.

 

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