Aprueban Ley General de Educación Superior

Garantizar el ejercicio de la educación superior incide directamente en el desarrollo económico, político, social y cultural del país, pero sobre todo se sitúa en el centro de la realización plena y eficaz de todos los derechos humanos.



El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con 400 votos a favor, 47 en contra y dos abstenciones, la Ley General de Educación Superior cuyo propósito es establecer las bases para cumplir con la obligación del Estado de garantizar el ejercicio del derecho a la educación superior.

El objetivo de esta ley es formar profesionistas con un alto compromiso social que contribuyan al desarrollo social, cultural, científico, tecnológico, humanístico, productivo y económico del país, destaca el dictamen aprobado.

De acuerdo a lo que señala esta normatividad, la educación superior es la que se imparte después del medio superior y se compone por los niveles de técnico superior universitario, profesional asociado y otros equivalentes, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Incluye la educación universitaria, tecnológica, normal y de formación docente, su aplicación de esta ley corresponde a las autoridades educativas de la federación, las entidades federativas y los municipios.

Esta ley incorpora un enfoque de cobertura universal, da cumplimiento gradual de la obligatoriedad y la gratuidad de la educación superior, reconoce y respeta la autonomía universitaria.

Además, regula la participación de los sectores públicos, social y privado en la educación superior, establece criterios para el financiamiento y responde a la realidad del país, a sus condiciones, cambios y grandes retos.

Asimismo, establece que la educación superior es un derecho que coadyuva al bienestar y desarrollo integral de las personas.

El coordinador del grupo parlamentario del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, recordó que el proceso de construcción de esta ley tardó cinco años, por lo que se congratuló que el dictamen haya sido aprobado por amplia mayoría.

El líder del blanquiazul en la Cámara de Diputados destacó algunos puntos que esta nueva reglamentación establece que:

• Se respetan los regímenes laborales.
• Se respetan las condiciones de los alumnos.
• Se respeta la autonomía universitaria.
• Se reconoce la diversidad de instituciones.
• Se crea un sistema nacional de educación superior, distribuye competencias entre entidades federativas y el gobierno nacional.
• Establece de manera importante la obligatoriedad del Estado para la educación superior y el acceso a todos los mexicanos.
• Inserta mecanismos por una educación exigible, justiciable y progresiva y, sobre todo, atiende elementos fundamentales: gobernanza, sistemas locales, financiamiento, movilidad, evaluación y acreditación, entre otros.

Sin embargo, reconoció que aún existen grandes pendientes de esta ley, como lo es el tema del financiamiento, la mejora en el tema de la evaluación y la protección de la autonomía.

Asimismo, al presentar la postura del PAN en tribuna, el diputado Rafael Alejandro Serna Vega afirmó que “la educación es una de las mejores inversiones financieras que los estados deben y pueden hacer. Por ello, estamos seguros de que el eficaz ejercicio del derecho a la educación superior conllevará innumerables beneficios sociales, culturales y económicos para la población, y de que los beneficios no se limiten a ello, pues garantizar este derecho permitirá también a las personas uno de los mayores placeres y recompensas de la existencia humana, esto es una mente instruida, inteligente y activa con libertad y amplitud de pensamiento.

“Garantizar el ejercicio de la educación superior en México incide directamente en el desarrollo económico, político, social y cultural del país, pero sobre todo se sitúa en el centro de la realización plena y eficaz de todos los derechos humanos”, recalcó.

Serna Vega enunció algunos de los beneficios que dijo que esta nueva ley representará para la educación superior:

• Se crea un fondo especial para atender los mandatos constitucionales, al cual la federación y los gobiernos locales deberán asignarle un presupuesto de forma anual y sostenida, adicional a los recursos destinados actualmente a la educación superior.
• Vincular la educación superior con las necesidades del sector social, productivo y económico.
• Fomentar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Fortalecer las instituciones de formación docente y reconocer el federalismo educativo.
• Se instituye un registro nacional de operaciones para la educación superior, se establece la creación de instancias para prevenir la violencia sexual y de género.
• Se genera un sistema para la evaluación y acreditación de las instituciones de la educación superior, entre otros.

En contra parte, el diputado Alfredo Femat del Partido del Trabajo (PT) votó en contra del dictamen por considerar que se fomenta la educación privada y no se garantiza su gratuidad. “Lamentablemente, lo que tenemos ahora es un dictamen que plantea transformar la educación en una industria, en un gran entramado de poder para vender conocimientos y aprobar exámenes”, consideró.

 

Te puede interesar: Buscan disminuir problemas entre los jóvenes con formación de valores 

@yoinfluyo 

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.