En pleno 2025, la educación superior en México sigue siendo un tema preocupante. Cada vez hay menos oportunidades para los jóvenes que buscan acceder a la formación profesional. El gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, ha eliminado el examen Comipems con el apoyo de la UNAM, el IPN y el TecNM, aunque esta medida solo aplica para el nivel medio superior.
Esto genera una pregunta clave: ¿Qué sucede con los aspirantes a la universidad? Desde la pandemia por COVID-19, la matrícula universitaria ha disminuido debido a las limitaciones impuestas para salvaguardar la salud. Muchos estudiantes dejaron de estudiar por falta de infraestructura, dificultades económicas o la imposibilidad de trasladarse a otros estados, especialmente en el caso de los foráneos.
Un estudio publicado por la revista Forbes reveló que aproximadamente el 45 % de la población joven en México asiste a la universidad. Sin embargo, al comparar esta cifra con el promedio de América Latina, donde más del 70 % de los jóvenes cursan estudios superiores, el panorama resulta alarmante. Factores como la mala distribución de recursos, el escaso interés en mejorar los planes de estudio y la falta de oportunidades han impactado negativamente en la calidad educativa y el acceso a la universidad.
El costo de la educación: un obstáculo para la mayoría
No solo el sector público enfrenta problemas. La educación privada también se ha vuelto insostenible para gran parte de la población. De acuerdo con GNP Seguros, las colegiaturas anuales en universidades privadas van desde los 55 mil hasta los 360 mil pesos, un costo inaccesible para la mayoría de las familias mexicanas. Aunque el número de instituciones de educación superior sigue en expansión, el financiamiento sigue siendo un desafío. El gasto público en educación representa el 21.5 % del total, ligeramente por debajo del 21.9 % registrado en años anteriores.
La gran deuda pendiente: La Infraestructura y calidad
Las universidades en México deben adaptarse a las necesidades de los jóvenes. Mientras que muchas instituciones privadas cuentan con áreas verdes, canchas deportivas y gimnasios, en el sector público la infraestructura sigue siendo deficiente. Un entorno adecuado para el aprendizaje debería incluir bibliotecas, aulas dignas, baños en buenas condiciones, cafeterías, laboratorios y áreas de cómputo, fundamentales en la era digital.
En términos de aprendizaje, México ha sufrido una decadencia en los últimos 20 años. Los gobiernos del PAN, PRI y Morena no han logrado mejorar los índices de aprobación estudiantil ni la calidad educativa a nivel mundial. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa el penúltimo lugar entre los 37 países miembros de la organización en materia de educación superior.
A pesar de este panorama, la UNAM se mantiene como la máxima casa de estudios del país y una de las mejores universidades de América Latina, al posicionarse dentro de las 100 mejores del mundo, de acuerdo con el QS World University Rankings de este año. El Tecnológico de Monterrey ocupa el lugar 181, seguido por la Universidad Anáhuac, la Iberoamericana, el Instituto Politécnico Nacional y el ITAM, todos dentro del rango de las 1000 mejores universidades. Actualmente, solo el 17 % de la población mexicana ha alcanzado una maestría, y apenas el 0.1 % cuenta con un doctorado, cifras que reflejan los retos pendientes en la educación superior del país.
La educación superior en México enfrenta desafíos estructurales que limitan el acceso y la calidad de la formación profesional. Si bien se han implementado algunas reformas en el nivel medio superior, el panorama universitario sigue marcado por la falta de infraestructura, el alto costo de la educación privada y una distribución desigual de oportunidades. Para mejorar estos indicadores, es fundamental que las instituciones y el gobierno trabajen en conjunto para garantizar una educación accesible y de calidad, impulsando políticas que permitan a más jóvenes acceder y permanecer en la universidad.
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