La reciente reforma aprobada por el Congreso de Puebla ha generado una oleada de preocupación entre periodistas, organizaciones civiles, académicos y ciudadanos. Lo que para algunos legisladores representa un intento de regular el discurso de odio y las noticias falsas, para otros constituye un atentado directo contra la libertad de expresión y una amenaza al ejercicio democrático. ¿Hasta dónde puede llegar la ley sin silenciar al pueblo?
Origen de la reforma: una mayoría sin oposición
La iniciativa fue presentada por la bancada mayoritaria de Morena en el Congreso local y fue aprobada el 5 de junio de 2025 con 27 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones. Bajo el argumento de “proteger la dignidad de las personas y prevenir la violencia mediática y digital”, los legisladores avalaron cambios al Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, introduciendo términos jurídicos ambiguos que, según expertos, abren la puerta a la censura.
El diputado morenista José Antonio López Ruiz, promotor de la reforma, aseguró: “no se trata de censurar, sino de poner límites al uso del discurso para dañar reputaciones y ejercer violencia simbólica, especialmente contra las mujeres”. Sin embargo, la ambigüedad del texto ha encendido las alarmas.
¿Qué dice la reforma?
El texto reformado introduce figuras como la “violencia simbólica y mediática” y tipifica como delito “la reproducción o difusión de mensajes estereotipados o denigrantes que causen daño psicológico, moral o social a una persona, especialmente en razón de género”.
Asimismo, se establece que los medios de comunicación y usuarios de redes sociales pueden ser sancionados penalmente por contenidos que sean considerados ofensivos, estigmatizantes o que “promuevan estereotipos de género”, con penas que van de seis meses a dos años de prisión y multas de hasta 40 mil pesos.
Para Janeth Rojas, abogada especialista en derechos humanos, “la reforma tiene intenciones legítimas pero su redacción es tan amplia y vaga que permite perseguir opiniones legítimas, críticas o satíricas. Se convierte en una herramienta para amedrentar”.
Voces en resistencia: periodistas y sociedad civil
Las reacciones no se hicieron esperar. Organizaciones como Artículo 19, el Frente por la Libertad de Expresión y la Asociación Mexicana de Periodistas Independientes, han advertido que la norma podría usarse para criminalizar el trabajo periodístico y el activismo.
Ana Lucía Mendoza, periodista radicada en Puebla, denunció: “El nuevo marco legal me hace pensar dos veces antes de publicar una crítica. No por falta de pruebas, sino por temor a una denuncia ambigua que me lleve a juicio. Es como vivir bajo una espada invisible”.
A nivel nacional, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) comparó la reforma poblana con legislaciones autoritarias como la “Ley Mordaza” en Nicaragua o los decretos de censura en Turquía. “La tendencia de gobiernos locales a limitar la crítica bajo el disfraz de protección es una amenaza creciente para la democracia”, señalaron en un comunicado.
¿Qué implica para la democracia poblana?
El impacto más inmediato se prevé en periodistas locales, activistas y usuarios de redes sociales que habitualmente ejercen la crítica al poder. Además, abogados constitucionalistas han señalado que la reforma podría vulnerar el artículo 6º de la Constitución mexicana, así como tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
“El riesgo no es solo para quien denuncia un caso de corrupción, también para quien comparte una opinión incómoda”, señala la politóloga Paola Becerril. “En un contexto donde los poderes públicos son mayoritariamente del mismo partido, la autocensura puede ser la norma”.
México y el mundo: ¿una excepción o una tendencia?
La reforma poblana no es un caso aislado. En los últimos años, varias entidades han intentado impulsar leyes contra la “desinformación” o “el discurso de odio”, muchas veces con formulaciones vagas. En 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó una ley similar en Sonora por considerar que limitaba derechos fundamentales. A nivel internacional, países como Hungría y Venezuela han sido criticados por usar este tipo de legislaciones para acallar voces disidentes.
¿Qué sigue?
Diversas organizaciones han anunciado que presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (INAI) y la CNDH han pedido revisar el texto con base en los estándares internacionales de libertad de expresión.
“La defensa de las libertades no termina en el Congreso. Está en cada ciudadano que decide alzar la voz”, afirma la activista local Verónica Castañeda, quien lidera un colectivo de defensa del derecho a informar en Puebla.
En una democracia madura, el derecho a la libre expresión no es un lujo, sino un pilar esencial. Las leyes deben proteger a las personas de la violencia, sí, pero sin convertirse en instrumentos de censura. Regular el discurso sin acallar la crítica es un reto necesario, especialmente en tiempos donde la polarización y la opacidad avanzan.
Hoy más que nunca, el equilibrio entre dignidad y libertad exige vigilancia, participación y diálogo.
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