Crisis forense por falta de recursos y especialistas

La crisis forense no sólo se debe a la cantidad de restos humanos sin identificar, sino a los métodos que utilizan los grupos delictivos para desaparecerlos.


Desapariciones sin resolver


A pesar que de que las desapariciones de personas en el país se ha disparado en los últimos dos años con más de 10 mil casos reportados, las acciones gubernamentales para atender esta problemática y, en especial, la crisis forense han resultado tardías e insuficientes, carencias que en gran medida han sido suplidas con la investigación y búsqueda emprendida de manera independiente por familiares y ciudadanos, aseguró Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).

Abundó que la falta de personal especializado, la insuficiencia de inmobiliario y recursos materiales, las dificultades para implementar protocolos homologados y la escasez de recursos económicos que se le destinan a los servicios médicos forense, son principales los factores que influyen en la falta de resolución de los casos.

Al presentar el estudio “Desapariciones forzadas e involuntarias”, crisis institucional forense y respuestas colectivas frente a la búsqueda de personas desaparecidas, que elaboraron el Observatorio Nacional Ciudadano en colaboración con la Fundación Friedrich Naumann, Rivas Rodríguez enlistó una serie de recomendaciones a las autoridades a fin de que avancen en encontrar a las personas desaparecidas.

A principio del presente año, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación dio a conocer que existen 73 mil 201 personas sin localizar desde 1964, de los cuales, según el ONC más de 30 mil personas permanecen sin identificar en los servicios médicos forenses, los cuales están “desbordados y nadie está haciendo nada para atenderlos”.

El estudio contiene sugerencias para mejorar las acciones de búsqueda de personas desaparecidas, entre las hechas a las autoridades federales y estatales se señala que deben hacer más eficiente el gasto para mejorar las condiciones de los servicios forenses, salarios, equipo y contratación de especialistas con perfiles técnicos requeridos.

De la misma manera, considera es fundamental incrementar las capacidades institucionales de las fiscalías especializadas a fin de mejorar las investigaciones.

Asimismo, destaca el análisis que es necesario rediseñar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y sus respectivas líneas de acción para garantizar los apoyos destinados a las familias de personas desaparecidas, la cual observó, tendría que haber quedado instalada en un plazo de 180 días posteriores a la publicación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Francisco Rivas también urgió a la publicación completa del diagnóstico nacional forense, toda vez que hasta la fecha ni la Fiscalía General de la República (FGR) ni la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) lo han dado a conocer.

Además, indicó que la fiscalía también debe cumplir con publicación del Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense, que es uno de los mecanismos del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, máxime que el Sistema tendría que haber quedado instalado en un plazo de 180 días posteriores a la publicación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Por otra parte, afirmó que la problemática en torno a las desapariciones es un indicador clave del nivel de violencia extrema imperante en México. Además, señaló que si se considera el creciente número de fosas clandestinas donde se han encontrado fragmentos de huesos, es evidente una normalización del uso de sustancias y métodos de desaparición de cuerpos.

Subrayó que la crisis forense no sólo se debe a la cantidad de restos humanos sin identificar, sino a los métodos que utilizan los grupos delictivos para desaparecerlos. Apuntó que esta práctica ha alcanzado un gran impacto en el incremento de la violencia en nuestro país y que representa un reto para las capacidades, recursos y procesos científicos del Estado.

Francisco Rivas enfatizó que la gran participación de los colectivos conformados no sólo por los familiares de personas desaparecidas sino también de integrantes de la sociedad civil que entienden el dolor de esta situación, han logrado generar, lo que las autoridades no han conseguido, los insumos, instrumentos, habilidades para identificar la problemática para poderle dar una identidad a las personas desaparecidas.

Advirtió que debido al papel crucial que han tenido los colectivos se requiere reconocer su trabajo en el proceso de búsqueda y consolidar los mecanismos de colaboración y cooperación entre la sociedad civil organizada y el gobierno.

Se debe establecer un acuerdo interinstitucional para asegurar el apoyo permanente a la realización de las brigadas nacionales o cualquier otro ejercicio vinculado con la búsqueda por iniciativa de las familias derivado de las garantías que les confiere la Ley General de Víctimas.

Resaltó que la solución respecto a las desapariciones y a la crisis forense debe involucrar necesariamente diversos actores sociales tales como las instituciones de gobierno, los familiares de personas desaparecidas, los colectivos, los organismos internacionales especializados en derechos humanos y en materia forense, las organizaciones de la sociedad civil y la academia.

Instó a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) a mejorar la colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales para retroalimentar los resultados obtenidos en la búsqueda e investigación de los casos de personas desaparecidas. Además, enfatizó que es fundamental impulsar el fortalecimiento de las comisiones locales de búsqueda y mejorar el trabajo colaborativo con éstas y las familias de las víctimas.

Por otra parte, instó a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) a mejorar la colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales para retroalimentar los resultados obtenidos en la búsqueda e investigación de los casos de personas desaparecidas. Además, enfatizó que es fundamental impulsar el fortalecimiento de las comisiones locales de búsqueda y mejorar el trabajo colaborativo con éstas y las familias de las víctimas.

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