Urge configurar un sistema de seguridad salud desvinculado de la condición laboral

El gasto de bolsillo de servicios médicos aumentó 44 por ciento, así los hogares pasaron de gastar 902 pesos en 2018 en promedio trimestral en salud, a mil 267 pesos en 2020 (en pesos constantes).



La salud es un derecho humano, no es una mercancía ni un privilegio de quienes tienen “derechohabiencia” en los susbsistemas de la seguridad social; sin embargo, en los últimos años en México la carencia de acceso a la salud se incrementó del 16 al 28 por ciento y actualmente hay 35 millones de personas sin afiliación a servicios de salud, por lo que es necesario configurar un sistema que otorgue cobertura universal de salud con enfoque de derechos requiere desvincular el acceso a servicios de salud de la condición laboral, destaca una investigación de la organización civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

En preparación al Día Mundial de la Salud, que se celebra el 7 de abril, la ONG dio a conocer en conferencia de prensa un estudio en el que analizó la situación que prevalece actualmente en este rubro, encontrando hallazgos que muestran que el sistema de salud en México es insuficiente para garantizar el derecho a la salud.

El análisis señala que el acceso a la salud condicionado al trabajo es excluyente para la mayoría de los mexicanos. En cuanto a la población ocupada, indica que el 61 por ciento de la misma carece de afiliación a la seguridad social que suma 34.5 millones de personas de las cuales casi la mitad forman parte de la informalidad laboral, mientras que la otra a pesar de tener empleos no son afiliados por sus patrones.

Actualmente una de las modalidades por las que la población busca atención médica es acudir a los consultorios que pertenecen a farmacias, muchas personas lo hacen por carecer de seguro médico y otras tantas por lo tardado que resulta asistir a las clínicas que les corresponden por lo que el llamado “gasto de bolsillo” ha mermado su economía.

El gasto de bolsillo es la cantidad de recursos del ingreso familiar que se destinan a cubrir gastos de servicios sanitarios, intervenciones médicas o quirúrgicas, medicamentos, terapias y estudios clínicos, de manera directa. Es un indicador indirecto del acceso o más bien de falta de acceso a servicios de salud, con calidad y oportunidad.

Entre 2018 y 2020 se observó que este gasto presentó un aumento de 44 por ciento en el conjunto de la población, así los hogares pasaron de gastar 902 pesos en 2018 en promedio trimestral en salud, a mil 267 pesos en 2020 (en pesos constantes).

Por otra parte, el análisis evidenció una dramática caída en la atención en los servicios públicos, ya que sólo el 34 por ciento de quienes tuvieron necesidad de atención médica, acudieron a servicios públicos para recibirla. “El 81 por ciento recibió alguna atención, por lo que se puede inferir que 47 por ciento que sí recibieron atención la encontraron en servicios privados”.

Asimismo, junto con la reducción del número de atenciones hubo un incremento en el número y proporción de recetas no cubiertas efectivamente, resalta el informe.

De acuerdo a la ONG, el gasto de bolsillo también muestra la urgente necesidad de transparentar los costos de los servicios privados y de contar con mecanismos de defensa frente a posibles abusos en los cobros.

Indica que de acuerdo a datos publicados por la Secretaría de Economía en la plataforma Data México es posible observar que existen una variación de costos en los servicios de salud, que en algunos casos en hogares de “rango medio” se gastó más (603 mil pesos por 14 días de estancia) que los de “rango alto”, que se supone son los más costosos (522 mil pesos por 19 días de estancia).

Acción Ciudadana Frente a la Pobreza consideró que en el largo plazo es necesario configurar un sistema que otorgue cobertura universal de salud con enfoque de derechos requiere desvincular el acceso a servicios de salud de la condición laboral, y construir un sistema público -con espacio regulado para los servicios privados- accesible para todas las personas, que garantice calidad y equidad, sin depender de la situación laboral.

Mientras que en el corto plazo se requiere, entre otros aspectos, priorizar la atención primaria en salud a nivel institucional, administrativo y presupuestal, como la mejor vía para prevenir enfermedades, prevenir su complicación y reducir costos privados y públicos.

Establecer el plan de incremento presupuestal a la salud para garantizar presupuesto igual por persona, entre los subsistemas y especialmente entre población “con” y “sin” seguridad social.

Transparentar la asignación y ejercicio de los recursos adicionales necesarios para concluir las obras y equipar las unidades que quedaron inconclusas y que forman parte del plan de atención anunciado por el presidente.

Aprobar la reforma legislativa para transparentar y regular los costos de los servicios privados y establecer mecanismos de defensa de usuarios ante abusos en cobros de hospitales privados.

En la conferencia participaron Arantxa Colchiero, Instituto Nacional de Salud Pública; Carlos Hernández Islas, director general de procedimientos de la Procuraduría General del Consumidor (Profeco); Norma Loeza y Rogelio Gómez-Hermosillo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

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