La violencia en Sinaloa tuvo un nuevo repunte este fin de semana con el hallazgo de al menos 20 cuerpos sin vida, varios de ellos decapitados, entre la noche del sábado 29 y la madrugada del domingo 30 de junio. Los cadáveres fueron localizados en la carretera México 15, al sur de Culiacán, 16 estaban al interior de una camioneta y otros cuatro colgados de un puente vehicular. Junto a las víctimas se halló una bolsa con cabezas humanas y mensajes presuntamente firmados por grupos del crimen organizado.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, las primeras investigaciones apuntan a una disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa, específicamente entre células vinculadas a “El Mayito Flaco” y “Los Chapitos”, como responsables del ataque. Este evento se suma a una serie de enfrentamientos y actos de violencia registrados en el estado desde septiembre de 2024, que han incluido bloqueos carreteros, tiroteos en zonas urbanas y ataques directos a cuerpos policiales.
Especialistas en seguridad consideran que la fractura interna del Cártel de Sinaloa ha sido el principal detonante de esta nueva ola de violencia. Desde finales del año pasado, diversas regiones del estado han sido escenario de choques armados entre grupos rivales que disputan el control territorial, en particular sobre rutas de tráfico de fentanilo y metanfetaminas.
Municipios como Culiacán, Navolato, Escuinapa, Mocorito y Guamúchil han sido los más afectados. En mayo, por ejemplo, se registraron múltiples enfrentamientos con un saldo de más de 40 personas asesinadas en menos de una semana, además de decenas de vehículos incendiados.
Desde que Claudia Sheinbaum asumió la presidencia el 1 de octubre de 2024, el gobierno federal ha reportado una reducción del 24 por ciento en homicidios dolosos a nivel nacional. Sin embargo, organizaciones civiles han cuestionado la precisión de esas cifras y alertado sobre el aumento de delitos como secuestro, narcomenudeo y desapariciones.
En Sinaloa, datos oficiales indican una disminución del 27 por ciento en homicidios entre octubre de 2024 y marzo de 2025. No obstante, el repunte de la violencia durante el segundo trimestre del año, y particularmente durante junio, pone en entredicho la efectividad de las estrategias implementadas.
La estrategia federal de seguridad, anunciada por Sheinbaum en octubre pasado, tiene como ejes centrales el fortalecimiento de la Guardia Nacional, el uso intensivo de inteligencia militar, la coordinación interinstitucional y la atención a las causas sociales de la violencia.
Durante los primeros seis meses de su administración, el gobierno federal reportó la detención de más de 14 mil 500 presuntos delincuentes, así como el aseguramiento de siete mil 375 armas y más de 178 toneladas de drogas. También se han implementado programas de desarme voluntario y actividades comunitarias de prevención en zonas de alto riesgo, como la región centro y norte de Sinaloa.
A nivel local, el gobernador Rubén Rocha Moya ha reconocido el recrudecimiento de la violencia, aunque sostiene que las acciones conjuntas con fuerzas federales han evitado una expansión mayor del conflicto. Sin embargo, colectivos de víctimas y organizaciones civiles han denunciado que muchas de las zonas más afectadas siguen sin presencia suficiente de las autoridades.
Organizaciones sociales como México Evalúa y colectivos locales como Las Rastreadoras del Fuerte han señalado que, pese al despliegue militar, el estado carece de una política integral de seguridad. Acusan omisiones en la búsqueda de desaparecidos, opacidad en las estadísticas oficiales y escaso apoyo a las víctimas.
“Se enfocan en capturas visibles y decomisos mediáticos, pero no hay avances en la localización de fosas clandestinas ni en justicia para las familias”, así lo ha denunciado colectivos de búsqueda en el norte del estado.
Expertos e investigadores en temas de seguridad, sostienen que “el control territorial de los grupos criminales sigue intacto en muchas regiones, y lo que vemos son ajustes internos de cuentas, no una estrategia exitosa del Estado”.
El hallazgo masivo de cuerpos este fin de semana se da apenas días después de que la presidenta Sheinbaum realizara una gira por el noroeste del país, donde aseguró que “no habrá impunidad y se garantizará la paz con inteligencia y justicia”.
El nivel de crueldad mostrado en los asesinatos recientes, así como la reiteración de prácticas como las decapitaciones y los colgados en puentes, han encendido las alarmas entre organismos nacionales e internacionales.
Organizaciones como Armed Conflict Location & Event Data (ACLED, por sus siglas en inglés) que es la principal fuente de datos en tiempo real sobre violencia política y protestas en todo el mundo, han situado a México como uno de los países con mayor intensidad de conflicto no declarado, al nivel de naciones en guerra civil, señalando que el caso de Sinaloa refleja el avance de economías criminales por encima de la autoridad institucional.
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