El gobierno federal y los gobiernos de los estados acordaron que se revisará la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de buscar equilibrar la transferencia de recursos a estados y municipios.
Desde la llegada de López Obrador a la presidencia de la República, varios gobernadores del país alzaron la voz para manifestar su descontento por el monto de los recursos que el gobierno federal les asignaba, toda vez que consideraban que no correspondían a lo que cada uno generaba a la federación, además de cuestionar los criterios de designación de los mismos.
Cada vez más gobernadores argumentaban que la cantidad que recibían era insuficiente para impulsar acciones en favor de su población, situación que se agravó con la llegada del COVID-19; principalmente en lo correspondiente a la atención en salud y apoyo económico para miles de personas quienes se quedaron sin sustento debido a la parálisis obligada de actividades productivas.
Bajo este contexto financiero, se llevó a cabo la reunión entre la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y el presidente del país a quien lo acompañó todo su gabinete legal y ampliado.
Al concluir el encuentro, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, presidente en turno de la Conago, ofrecieron una conferencia de prensa para dar a conocer los acuerdos a los que se llegaron en la reunión.
En lo que concierne a la materia económica, la encargada de la política interna del país dijo que se acordó promover la discusión de la hacienda pública y la coordinación fiscal en el corto y mediano plazos, a través de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, órgano del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en el que participan todos los secretarios de finanzas de todas las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Asimismo, aseguró que el presidente instruyó al titular de Banobras a apoyar a la reestructuración de los créditos de todas las entidades que lo requieran, además de que desde esta institución se promoverán acuerdos para facilitar nuevos créditos dentro de la banca de desarrollo.
Sánchez Cordero destacó también que el presidente señaló su disposición para seguir dialogando y coordinándose con todos los estados en todas las materias, obras de infraestructura, salud, reestructuración económica, “la transferencia a las participaciones federales a los estados de manera puntual sin condiciones y completas”.
Todo muy bonito, pero ¿cuándo?
Previo al encuentro con el presidente, los integrantes de la Conago, en su LIX reunión ordinaria, consensuaron los temas que llevarían a la reunión con las autoridades federales en el que el económico y fiscal ocupó un lugar especial y que efectivamente fue puesto en la mesa.
Los gobernadores no quitaron el dedo del renglón sobre considerar que el pacto fiscal de la federación requiere una profunda revisión, el mandatario estatal de Coahuila, Miguel Riquelme fue muy enfático en este tema al señalar que “el actual pacto fiscal, absolutamente centralista, durante cuatro décadas ha provocado que el gobierno central concentre 80 de cada 100 pesos de la riqueza pública, dejando sólo 20 centavos a los 32 estados y más de 2 mil 400 municipios. En muchas ocasiones esta situación se ha traducido en crisis para los gobiernos locales y en una dependencia cada vez mayor al gobierno central y a la voluntad del presidente en turno”.
Por tal motivo, señaló que el nuevo arreglo fiscal y su sistema de coordinación que será construido debe ser mucho más justo y equilibrado.
La titular de Gobernación afirmó que modificar el acuerdo fiscal federal se hará en el mediano y largo plazo. Apenas hace un mes el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, quien actualmente ocupa la presidencia de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) dijo que el pacto fiscal debería establecer que de cada peso recaudado, la Federación se quede con 70 centavos; 20 para los estados; y 10 para los municipios en lugar de la fórmula que actualmente se aplica de que por cada 80 centavos, 15 son para las entidades y cinco para los municipios.
Frente a sus homólogos Domínguez Servién en aquella ocasión aseguró que de existir voluntad política esto sería posible hasta 2022.
Lo que sigue, según los acuerdos alcanzados por la Conago y el gobierno federal, es mejorar el pacto fiscal, para lo que se trabajará desde la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales (CPFF), que es el organismo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que sesiona durante el año para la atención de sus asuntos.
La CPFF se integra por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por ocho entidades; estas últimas son elegidas en cada uno de sus grupos, que a su vez se integran por cuatro entidades federativas, debiendo representarlos en forma rotativa. La CPFF es presidida conjuntamente por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, y por el titular del órgano hacendario que elija la Comisión entre sus miembros.
Sin embargo, la invitación para que los gobernadores se sumen a estos trabajos quedó abierta, es así que aún hay un largo camino para buscar un equilibrio en la distribución de los recursos fiscales para las entidades.
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