Los históricos comicios para elegir a ministros, magistrados y jueces, tuvo un porcentaje de participación mínimo histórico el cual según la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, fue de entre 12.57 a 13.32 por ciento de la lista nominal (cerca de 13 millones), lo que de acuerdo a la percepción de la presidenta Claudia Sheinbaum fue “todo un éxito”.
Pero de acuerdo a los conteos de la Brigada Antimapaches conformada por el Frente Cívico Nacional, UNE México y la asociación Somos MX, entre otras nueve de cada 10 mexicanos decidieron no participar, lo que evidencia que “no se trató de una jornada cívica, sino de un castigo político encubierto”.
Ante la baja participación y el cúmulo de irregularidades, lo integrantes de estas agrupaciones de la sociedad civil consideraron que “la nulidad no sólo es procedente: es indispensable para preservar el orden constitucional”.
Los integrantes de la Brigada Antimapaches aseguraron que la gente no fue a votar a pesar de que gran parte de la población fue presionada por los “chalecos guinda” de Morena y del gobierno federal.
De acuerdo a las encuestas de salida que estas asociaciones difundieron y fueron hechas por Berumen y GEA ISA, la participación apenas osciló entre el nueve y 11 por ciento, muchas de ellas con irregularidades que fueron documentadas por los observadores ciudadanos.
En conferencia de prensa Guadalupe Acosta Naranjo, vocero de la brigada, aseguró que con las pruebas que recabaron trabajan en la conformación de un expediente jurídico que será presentado para impugnar la elección y solicitar la nulidad del proceso.
“El proceso no representa la voluntad popular. La ley exige respaldo ciudadano, no simulación organizada. Con 90 por ciento de abstención, el gobierno no puede hablar en nombre del pueblo mexicano”, afirmó
En consonancia, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) que también participó desplegando observadores ciudadanos, indicó que pudieron constatar múltiples irregularidades que comprometen seriamente la legitimidad del proceso y ponen en evidencia su fragilidad.
El organismo patronal destacó que a lo largo de la jornada generó más de mil reportes y documentó una baja participación ciudadana, retraso en la instalación de casillas, violencia en algunas más y hasta compra de votos en algunos municipios.
Asimismo, aseguró que en diversas casillas se reportó el uso de “acordeones” y mecanismos para inducir el voto, lo que confirma la falta de garantías para un ejercicio auténticamente libre y razonado.
Ante todas estas irregularidades, la Coparmex resaltó que esta elección no representa el camino correcto para lograr justicia en México, y consideró que “un sistema que nombra juzgadores sin transparencia, sin evaluación de capacidades y sin condiciones mínimas de información para la ciudadanía, está condenado a la ineficacia, al fracaso”.
Recalcó que “la justicia no puede ser reducida a un ejercicio de popularidad y menos cuando hay una baja participación de los ciudadanos. La verdadera legitimidad se construye con preparación, imparcialidad y ética”.
Asimismo, el sindicato patronal adelantó que no se quedará sólo en la denuncia y los señalamientos, sino que trabajara en una propuesta de reforma judicial, construida con base en criterios técnicos, buenas prácticas internacionales y la participación de expertos, organizaciones sociales y actores del sector productivo. “Nuestro objetivo es impulsar un sistema que realmente garantice certeza jurídica, profesionalismo y acceso efectivo a la justicia”, subrayó.
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