PAN propone convertir a la Secretaría de la Función Pública en instituto autónomo

El PAN en la Cámara de Diputados propondrá la creación del Instituto de la Función Pública que sea autónomo y no esté sometido a la voluntad del titular del Ejecutivo, generando así un contrapeso institucional.



El Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados adelantó que presentará una iniciativa de reforma para convertir a la Secretaría de la Función Pública (SFP) en el Instituto de la Función Pública a fin de que este organismo tenga plena autonomía técnica, de gestión y presupuestal y no esté supeditado a las órdenes del Ejecutivo, así como tampoco tenga conflictos de interés con integrantes de algún partido político.

La intención es que este órgano pueda cumplir “sin complicidades” con su responsabilidad de prevenir, vigilar e investigar todas las faltas administrativas, así como la de sancionar las graves y no graves cometidas por servidores públicos federales.

El coordinador del grupo parlamentario del blanquiazul, Jorge Romero Herrera, señaló que el actual mecanismo del titular de la Función Pública no garantiza autonomía de ejercicio y bajo las reglas vigentes está sometida a la voluntad del titular del Ejecutivo, lo que contraviene el espíritu del combate a la corrupción en todas sus esferas.

Con la creación del Instituto de la Función Pública se pretende generar un contrapeso institucional, siguiendo los principios por los cuales se estableció el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), apuntó el líder de la bancada panista.

Los legisladores panistas también plantearán una serie de mecanismos que blinden los órganos autónomos y al Poder judicial con más y mejores requisitos. De esta manera, se busca que las personas que aspiran a los cargos de instituciones autónomas, cumplan con la probidad, experiencia, independencia y el profesionalismo necesarios para llevar a cabo sus funciones.

El coordinador de los diputados del PAN aseguró que “los órganos autónomos deben distinguirse por su imparcialidad y por estar alejados de intereses de cualquier índole. Sus decisiones deben ser en sentido tal que busquen el bien común, la estabilidad y el desarrollo del Estado y no la permanencia o continuidad de un solo gobernante”.

La reforma que en breve presentarán los panistas pretende dotar a los órganos autónomos del Estado y a los miembros del Poder Judicial de la Federación, entre los que se encuentran Ministros de la Suprema Corte de Justicia, integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, así como del Tribunal Federal Electoral, de la independencia necesaria para cumplir con sus objetivos.

En este sentido, la diputada Noemí Berenice Luna indicó que “los nombramientos de los cuerpos colegiados de estos órganos no pueden quedar al arbitrio del titular del poder Ejecutivo ni mucho menos a la subordinación de los grupos mayoritarios en el Congreso de la Unión. Es necesaria la distancia respecto al titular del Ejecutivo Federal para evitar conflictos de intereses y la concentración del poder en manos de una sola persona”.

El nombramiento de las personas titulares de los órganos directivos de los órganos autónomos debe estar alejado de los intereses partidistas, así como de criterios ideológicos que pueden desvirtuar el correcto ejercicio de su encargo, subrayó.

En este sentido, Jorge Romero mencionó como “el más claro ejemplo el de ¿Cómo Irma Eréndira iba a investigar de manera objetiva a funcionarios que son también sus compañeros de trabajo y de partido?”.

Entre los requisitos que se contemplan para quienes buscan cargos de instituciones autónomas es que además de contar con título profesional con antigüedad mínima de 10 años se acrediten conocimientos en la materia para ocupar dichos cargos.

Asimismo, no haber sido militante de algún partido político en los últimos doce años anteriores al día de su nombramiento o ratificación; no haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular federal o local en los últimos doce años anteriores al día de su nombramiento o ratificación; no tener o haber tenido algún interés o beneficio económico o privado con quien ejerza la titularidad del Ejecutivo Federal.

 

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