Por tercer año consecutivo, México mantuvo la misma calificación en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2022 al alcanzar 31 puntos de un total de 100 con lo que se colocó en la posición 126 de los 180 países evaluados por Transparencia Internacional.
De acuerdo a las mediciones del IPC, México obtuvo la misma calificación que Bolivia, Laos y Uzbekistán. Con la puntuación alcanzada se ubicó en la última posición entre los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), mientras que en comparación con los países que integran el G-20, que incluye a las principales economías del orbe, fue el segundo peor evaluado superado sólo por Rusia.
Anualmente Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana elaboran el Índice de Percepción de la Corrupción que es un instrumento que registra la opinión de especialistas, analistas de riesgo financiero, mujeres y hombres de la academia y los negocios sobre la situación que guarda la corrupción en cada uno de los 180 países evaluados.
A pesar de que lo observado en las ediciones de 2019 y 2020 de este índice, se percibía una tendencia positiva para México en materia de control efectivo de la corrupción; para 2022 la ausencia de sentencias firmes para los involucrados en los grandes casos de corrupción, como Odebrecht, la Estafa Maestra, el caso de Agronitrogenados en Pemex o de Segalmex han puesto en duda la capacidad de la Fiscalía General de la República (FGR) para ir más allá de la denuncia y llevar a los responsables a juicio.
Entre los hallazgos encontrados en la investigación, se destaca que a pesar de que la sociedad mexicana identifica a la corrupción como uno de los principales obstáculos para el desarrollo social y la reducción de las desigualdades, las grandes tramas de corrupción no han sido sancionadas; ni se han devuelto a las arcas de la nación los recursos desviados.
Además, señala que “cada vez hay más evidencia pública de que las autoridades responsables de la impartición de justicia en esta materia podrían utilizar estas instituciones con un sesgo político-electoral”.
Por otra parte, el IPC hace una serie de recomendaciones entre las que destaca que dado que el Sistema Nacional Anticorrupción es la suma de las instituciones de control, fiscalización e investigación de la corrupción en el país, México puede aprovechar su potencial y orientarlo a la sanción de los grandes casos de corrupción que han lastimado al país.
En otro punto señala que existe una tarea pendiente en la recuperación de activos desviados, por lo que atender esta situación representa una oportunidad para cicatrizar la herida social dejada por años de corrupción e impunidad.
Advierte que la estrategia anticorrupción debe poner energía en la reparación del daño a las víctimas y especialmente en la garantía de no repetición.
Además de la protección a denunciantes y alertadores de corrupción, México debe dar garantías a quienes investigan la corrupción de que no recibirán represalias o que serán amedrentados.
Entre las recomendaciones también se resalta que el uso de la anticorrupción con fines político-electorales sigue siendo uno de los mayores riesgos para el trabajo de instituciones anti-lavado de dinero o de procuración de justicia. Y asegura que la anhelada autonomía constitucional de la Fiscalía General no puede ser pretexto para el abuso de poder.
El IPC 2022 enfatiza que es especialmente delicada la actuación de las autoridades mexicanas en casos de corrupción trasnacional. Mientras que otros países sancionan la corrupción ocurrida en México, las autoridades locales no avanzan en estos temas.
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