En las democracias más avanzadas del mundo, la independencia del Poder Judicial no es un ideal romántico, sino una condición estructural indispensable para garantizar el Estado de Derecho, proteger los derechos humanos y contener los abusos de poder. Alemania, Canadá, Reino Unido, Japón, Estados Unidos o Noruega presentan distintas fórmulas de selección judicial, pero todas coinciden en un principio rector: los jueces no deben depender ni del voto popular ni del poder político para acceder o mantenerse en sus cargos.
La reciente propuesta de elección por voto directo de jueces y magistrados en México —aprobada en medio de fuertes críticas por expertos y organizaciones civiles— podría marcar un retroceso sin precedentes en esta materia. ¿Cómo se blindan los países desarrollados contra la politización judicial? ¿Qué consecuencias trae ignorar esa experiencia?
El modelo internacional: profesionalismo, méritos y contrapesos
“Una justicia sin miedo ni favoritismos solo es posible si los jueces no deben su cargo a partidos ni a mayorías populares circunstanciales”, afirma el Dr. Andreas Voßkuhle, expresidente del Tribunal Constitucional Federal de Alemania.
En este país, por ejemplo, los jueces del máximo tribunal son designados por una comisión parlamentaria bicameral, con mayoría calificada, y deben cumplir con décadas de experiencia jurídica. Pero el proceso es cuidadosamente equilibrado y deliberativo, y no se presta a un uso partidista simple.
En Canadá, la selección de jueces federales recae en un comité independiente y en el Primer Ministro, pero existen filtros técnicos, criterios de mérito, entrevistas públicas y participación de asociaciones judiciales. La Corte Suprema incluye diversidad de orígenes y regiones, y está prohibido el activismo político.
En Reino Unido, el Judicial Appointments Commission —un órgano autónomo— se encarga de proponer jueces a través de un proceso competitivo, transparente y sin intervención parlamentaria directa. “Lo que se busca no es lealtad política, sino excelencia jurídica”, explica la jurista Brenda Hale, expresidenta de la Corte Suprema británica.
Incluso en Estados Unidos, donde los jueces de la Suprema Corte son nominados por el presidente y ratificados por el Senado, hay un contexto institucional complejo: las audiencias públicas, el sistema de “check and balances”, el federalismo y el escrutinio ciudadano prolongado, actúan como límites al poder ejecutivo.
Independencia judicial: más que una formalidad
Las democracias maduras no ven la independencia judicial como una concesión, sino como una necesidad vital. Según el Índice de Estado de Derecho 2023 del World Justice Project, los países con mejor justicia independiente son Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia y Alemania. Todos ellos coinciden en:
- Designaciones técnicas, no políticas.
- Cargos vitalicios o de largo plazo, con evaluación periódica.
- Salarios competitivos, que desalientan la corrupción.
- Protección constitucional contra represalias.
- Órganos disciplinarios autónomos, distintos del Ejecutivo y Legislativo.
“Donde los jueces dependen de la simpatía política o de la popularidad, hay justicia para los poderosos, no para los ciudadanos”, sentencia Luis Pásara, investigador de CEJA.
México: una elección que compromete la justicia
La reforma judicial que será votada el 2 de junio de 2025 contempla que todos los jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular. Aunque se presenta como una medida de democratización, numerosos expertos la califican de populismo punitivo.
Un análisis del Observatorio Judicial Electoral reveló que el diseño de boletas, la sobreoferta de candidaturas y la nula difusión de perfiles harán imposible un voto informado. Evaluaron que se necesitarían más de 15 horas por ciudadano para revisar los datos de todas las personas postuladas.
El principio de soberanía popular no puede aplicarse mecánicamente a todas las instituciones, ha explicado María Marván Laborde, exconsejera del IFE, pues un juez debe ser imparcial, no popular. Su deber es proteger derechos, no ganar votos.
Además, muchos de los postulantes provienen de círculos afines al partido en el poder. “¿Quién confiará en la independencia de un juez cuyo padrón de campaña lo financió Morena o el Ejército?”, pregunta Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano.
El abogado penalista Rubén Barrera, con 30 años de experiencia en la defensa de víctimas de abuso policial, se muestra alarmado:
“He peleado contra la corrupción judicial durante años, pero esto no es la solución. ¿Cómo espero imparcialidad de alguien que debe su cargo al partido que gobierna o que hizo campaña con promesas de cárcel y mano dura? No quiero un juez que dependa de ganar elecciones, quiero uno que conozca la ley y la aplique aunque sea impopular”.
De la autonomía al descrédito
En un país como México, con más de 94% de impunidad, según datos de Impunidad Cero, el debilitamiento del Poder Judicial no solo es peligroso: es suicida. Instituciones como la Suprema Corte deben funcionar como muro de contención, no como extensión del oficialismo o de mayorías clientelares.
Mientras los países con mayor desarrollo protegen a sus jueces del vaivén político, México parece optar por lo contrario. Y eso tiene un precio: la desconfianza eterna en la imparcialidad del sistema, la erosión del Estado de Derecho, y la sospecha de que la justicia —otra vez— se ha puesto a la venta, esta vez en las urnas.
- World Justice Project: Rule of Law Index 2023.
- CEJA – Centro de Estudios de Justicia de las Américas.
- Observatorio Judicial Electoral, informe especial 2025.
- Entrevistas a Brenda Hale, Luis Pásara y María Marván Laborde en El País y The Guardian.
- Datos de Impunidad Cero 2024.
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