Demandan juicio político contra Sheinbaum por negligencia en caída del Metro

Legisladores del PAN pidieron que Claudia Sheinbaum sea destituida como jefa de Gobierno e inhabilitada para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público.



La senadora Kenia López Rabadán y el diputado Santiago Torreblanca Engell, del Partido Acción Nacional, presentaron en la Cámara de Diputados una demanda de juicio político en contra de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, “por su negligencia en la tragedia de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro”, el cual ocurrió el 3 de mayo de 2021.

Los legisladores panistas acusaron que la jefa de Gobierno ha obstruido las investigaciones del evento que enlutó a 26 familias y dejó a más de 100 personas heridas, lo que constituyen violaciones graves a la Constitución y a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Además, de que quiere deslindarse de cualquier responsabilidad al “dirigir de forma dolosa el relato de las causas de la tragedia” indicando que los únicos culpables fueron unos pernos.

El diputado Santiago Torreblanca aclaró que aún no entra en vigor la Ley de Juicio Político que se aprobó recientemente, por lo que en este caso las leyes aplicables son la de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Orgánica del Congreso y el Reglamento de la Cámara de Diputados.

“Se están violando de manera sistemática y grave los derechos fundamentales. Vemos cómo se pretende acallar a las víctimas a billetazos en lugar de con dignidad. Buscamos la verdad, buscamos justicia y que se restituya a las víctimas”, resaltó el diputado del blanquiazul.

Por ello, los legisladores pidieron que Claudia Sheinbaum sea condenada por violaciones a los derechos humanos de los habitantes de la Ciudad de México, así como condenada y sancionada -vía juicio político- con la destitución como jefa de Gobierno de la Ciudad de México y sea inhabilitada para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

En la demanda que fue entregada a Graciela Báez Ricardez, secretaria general de la Cámara de Diputados, los panistas reprobaron la intención de Sheinbaum Pardo de ocultar el tercer informe sobre la caída al vacío de aproximadamente 12 metros del convoy del Metro que viajaba entre las estaciones Olivos y Tezonco de la Línea 12, análisis que fue realizado por la empresa noruega “Det Norske Veritas” (DNV), y pidieron que este sea tomado en cuenta en el deslinde de responsabilidades.

“Mientras los dos primeros informes eran coincidentes con sus intereses, la jefa de Gobierno los publicó y aceptó, pero cuando el tercer incluyó la falta de inspección y mantenimiento como causa del desplome, decidió esconder el peritaje y demandar la rescisión del contrato”, aclararon.

Asimismo, los legisladores calificaron de inaceptable que Claudia Sheinbaum intente ser juez y parte en la investigación de la tragedia en la que las víctimas y las familias reclaman el esclarecimiento de las causas, la reparación integral de los daños y las garantías de no repetición de este tipo de hechos.

Al respecto, López Rabadán indicó que mientras Sheinbaum no sea destituida del cargo, seguirá obstruyendo las investigaciones y se continuarán violando los derechos humanos de las víctimas. También señaló que es necesario el esclarecimiento de los hechos y se dé castigo ejemplar a los responsables.

Consideraron que al actuar de forma indebida para proteger sus intereses particulares sobre los colectivos, la jefa de Gobierno renunció a su deber de presentar las evidencias que permitan identificar a los responsables de la tragedia.

“Con sus acciones, la jefa de Gobierno abandona el deber de investigar y sancionar efectivamente las violaciones de derechos humanos ocurridas en el colapso de la Línea 12; la realidad es que Claudia Sheinbaum no realizó la inspección y mantenimiento de rutina y es responsable directa de la muerte de 26 personas”, subrayaron.

Los legisladores del PAN advirtieron que seguirán acudiendo ante las instancias correspondientes a demandar el esclarecimiento de los hechos y, de no ser atendidas sus peticiones a nivel nacional, se dirigirán ante organismos internacionales.

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