La deuda pública de México alcanzó una cifra histórica de 17.92 billones de pesos al primer trimestre de 2025, lo que representa el 49.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Aunque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) insiste en que esta proporción es manejable, la realidad económica del país y la presión sobre el gasto social y familiar sugieren lo contrario.
Según cifras oficiales, el costo financiero de la deuda pública para 2025 es de 1.38 billones de pesos, una cantidad sin precedentes que supera el presupuesto conjunto para salud, educación y seguridad, lo que significa que la deuda ha crecido más rápido que la economía.
Además, según los Precriterios 2026 entregados por la SHCP, a la Cámara de Diputados, se prevé que para el año entrante el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), la deuda en su medida más amplia, llegará a 19.96 billones de pesos, es decir, 52.3 por ciento del PIB.
Además de tratarse del nivel más alto del que se tenga registro, si se compara con el 2018, año en el que Morena y el expresidente Andrés Manuel López Obrador llegaron al poder, la deuda se habrá disparado 36 por ciento. Lo que significa que para el 2026 cada mexicano tendrá una deuda, por el hecho de ser mexicano, de 148 mil 489 pesos, cifra que en 2018 era de 116 mil 76 pesos, por cada mexicano.
Esta realidad ha encendido alarmas entre analistas económicos que cuestionan las prioridades fiscales del gobierno federal.
La economista María Fernanda Ríos, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) aseguró que “está claro que el gobierno está gastando más en pagar intereses que en invertir en el bienestar de la población, lo que compromete el crecimiento a largo plazo y la equidad social”.
Es importante destacar que una parte sustancial de la deuda se ha canalizado a Petróleos Mexicanos (Pemex), que recibirá más de seis mil 600 millones de dólares este año para pagar sus vencimientos. La petrolera estatal, altamente endeudada y con una eficiencia cuestionada, se ha convertido en uno de los mayores pasivos para el erario.
Para dimensionar el ritmo de crecimiento de la deuda, basta revisar el porcentaje del PIB que representaba al final de cada uno de los últimos cinco sexenios:
- Carlos Salinas de Gortari (1988-1994): cerró con una deuda equivalente al 22% del PIB.
- Ernesto Zedillo (1994-2000): aumentó al 31% tras la crisis del “error de diciembre”.
- Vicente Fox (2000-2006): la redujo ligeramente al 29%.
- Felipe Calderón (2006-2012): subió al 37%, impactada por la crisis financiera global de 2008.
- Enrique Peña Nieto (2012-2018): cerró en 44.9% del PIB.
- Andrés Manuel López Obrador (2018-2024): pese a su promesa de no endeudamiento, terminó con una deuda de aproximadamente 51.8% del PIB
Prometer no empobrece…
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum prometió una reducción del déficit fiscal del 5.9 al 3.9 por ciento del PIB, lo que ha sido cuestionado por economistas y legisladores de oposición quienes critican que se hicieran recortes selectivos y ajustes contables en diversos ámbitos y sectores prioritarios como salud o educación, pero se mantiene el gasto en programas sociales y megaobras.
Mientras los millones fluyen para pagar deuda, el ciudadano común enfrenta alzas en bienes y servicios, además de que el desplazamiento de la inversión privada por el uso excesivo del financiamiento público ha encarecido el crédito para empresas y familias, afectando directamente el consumo y la generación de empleos.
A pesar de la magnitud del problema, expertos coinciden en que la administración federal ha sido opaca en cuanto a sus estrategias de deuda. No hay un plan claro de mediano o largo plazo para estabilizar el endeudamiento, lo que genera incertidumbre entre inversionistas y agencias calificadoras.
Si bien la deuda pública es una herramienta legítima para financiar el desarrollo, el uso que se le ha dado en los últimos años deja muchas dudas. Lejos de impulsar la productividad o el crecimiento inclusivo, buena parte del endeudamiento se ha destinado a gastos corrientes o a subsidiar empresas estatales deficitarias.
Mientras la narrativa oficial sostiene que la deuda está bajo control, las cifras muestran una realidad cada vez más apremiante. Con una economía que crece por debajo de lo esperado y una presión social en aumento, el margen de maniobra del gobierno se reduce.
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