México requiere eliminar de forma progresiva y socialmente justa la energía generada con carbón para 2030, lo que se contrapone con los anuncios de compra futura de carbón para generar energía eléctrica.
A dos años de la administración del actual gobierno, México va rezagado en el cumplimiento de objetivos de reducción de emisiones del G-20, a pesar de la caída de la actividad productiva y de la contaminación por la pandemia de COVID-19, indicó el Reporte sobre la Transparencia Climática.
De acuerdo con el reporte, la mayoría de los países del G-20 está promoviendo de forma activa las energías renovables en sus planes de recuperación, aunque sigan invirtiendo en fuentes fósiles. En tanto, las políticas energéticas del actual gobierno federal no están tomando el mismo rumbo, tan es así que el 73 por ciento del presupuesto dirigido a la acción del cambio climático está destinado a gasoductos.
Mientras que la mayoría del G-20 incluye en sus planes de recuperación apoyos a las industrias verdes, con baja intensidad de carbono o resiliencia. México centra su plan de recuperación económica y la política energética en fuentes fósiles, comprometiendo el cumplimiento de la Contribución Nacionalmente Determinada y el cumplimiento del Acuerdo de París.
El reporte, dado a conocer a nivel mundial, destaca la participación de las fuentes renovables en la generación de energía, la cual aumentó en 19 países del G-20 y se proyecta que esta tendencia continúe en todo el mundo. Probablemente a finales de 2020, las energías limpias constituirán casi 28 por ciento de la generación total de energía. Sin embargo, el documento hace hincapié en que al menos 19 países del G-20, entre los que se incluye México, han optado por brindar apoyo financiero a sus sectores de petróleo, carbón y gas.
“México no está provechando las oportunidades y va al contrario de lo que el reporte señala, que es la importancia de consolidar las políticas para mayor producción de energías renovables”, dijo Jorge Villarreal, director de Política Climática y Transporte en Iniciativa Climática de México (ICM).
El experto señaló que las políticas orientadas a favorecer los combustibles fósiles obstaculizan que México aproveche la oportunidad para poder consolidar la tendencia global de mayor penetración de energías renovables y de los anuncios que las principales economías están haciendo para la neutralización del carbono para 2050.
Según el reporte, los efectos del cambio climático están generando costos sociales y económicos. En 2019, hubo 126 decesos en México a causa de efectos asociados al cambio climático y se pierden 25 mil millones de dólares cada año.
Para estar en un escenario compatible con el 1.5 °C del Acuerdo, la participación de fuentes fósiles en la oferta de energía primaria global de México tendría que pasar del actual 89 por ciento a 67 por ciento en el 2030 y 33 por ciento en 2050.
Para mantenerse en ese escenario, el gobierno federal requiere eliminar de forma progresiva y socialmente justa la energía generada con carbón para 2030, lo que se contrapone con los anuncios de compra futura de carbón, la modernización de las centrales carboeléctricas y el proyecto de construcción de una nueva planta.
El Reporte sobre la Transparencia Climática 2020 expone más de 100 indicadores que evalúan el nivel de avance en las políticas y acciones en materia de mitigación, adaptación y financiamiento de las economías del G-20 para enfrentar la emergencia climática, así como un análisis a los planes de recuperación económica emprendidas por este grupo de países en el contexto de la pandemia global.
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