ASF detectó anomalías por 2 mil 663 mdp en la Secretaría de Salud

El programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral es un programa de nueva creación en el ejercicio fiscal de 2019.



La Secretaría de Salud tiene anomalías por 2 mil 663 millones de pesos en el programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos, así lo detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Auditoría de Cumplimiento 167-DS que forma parte del informe de 2019.

La ASF identificó falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto por mil 398.8 millones de pesos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y en los estados de Chiapas, Morelos, Oaxaca, Tabasco que representan el 52.4 por ciento del monto total señalado con inconsistencias. De esos mil 398.8 millones de pesos al IMSS le corresponden mil 342.9 millones de pesos.

Cabe señalar que el programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral (U103) es un programa de nueva creación en el ejercicio fiscal de 2019, el cual sustituye al componente de salud de Prospera.

El nuevo programa tiene como objetivo garantizar el acceso y continuidad en la prestación de servicios para la población en condiciones de vulnerabilidad y sin seguridad social, sobre todo en regiones de alta o muy alta marginación, a través del fortalecimiento de las redes de servicios de primer nivel de atención y de hospitales comunitarios de las 32 entidades federativas, incluyendo los Centros Regionales de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana (CEREDIS) y el IMSS Bienestar.

De acuerdo con el marco legal y operativo del programa, la Secretaría de Salud por medio de la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES) deberá implementar mecanismos de verificación en las unidades ejecutoras, quienes deberán de informar el ejercicio de los recursos presupuestados federales señalados en cada convenio específico de colaboración.

Por lo que cualquier gasto fuera de los autorizados para medicamentos, recursos humanos y los destinados para la dignificación de unidades médicas que no cuenten con la validación de la DGPLADES puede ser motivo de observación en la fiscalización del programa.

La federación transfirió a las entidades federativas y al IMSS un total de 5 mil 114.3 millones de pesos. En el análisis la ASF hizo señalamientos que involucran un monto de 2 mil 780.3 millones de pesos, de los que están pendientes por aclarar un total de 2 mil 663.9 millones de pesos.

Además, se trasfirieron fuera del plazo legal de cinco días posteriores (establecido en el Convenio Específico de Colaboración y los criterios de operación del Programa U013) un total de mil 27.4 millones de pesos a los estados de Baja California Sur, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Yucatán y Veracruz.

Ante tal incumplimiento en los plazos, la Secretaría de Salud debió pedir el reintegro de los recursos a la Tesorería. Pero no lo hizo.

La ASF también detectó pagos improcedentes o en exceso por 80.9 millones de pesos en los estados de Puebla y Querétaro, así como recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados o sin ser reintegrados a la Tesorería por 76.1 millones de pesos, en los estados de Chiapas, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas.

También hay observaciones que no se vinculan directamente con monto por comprobar, pero que denotan alguna insuficiencia, debilidad o deficiencia en los procesos administrativos y sistemas de control, con impacto en la calidad de la gestión del programa y sus resultados.

Entre estas se encuentran: inadecuada integración, control y resguardo de expedientes de personal; los pagos realizados difieren con el sueldo asociado con la plaza del personal; el proceso de licitación o adjudicación de los medicamentos o material de curación no se efectuó conforme a la normativa, la inadecuada formalización de contratos y diferencias entre lo solicitado en la cotización y lo contratado en la adjudicación; y extemporáneo de los recursos a la Tesorería; así como falta de envío a la SHCP y difusión de información trimestral.

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de auditoría se comunicarán a todas las entidades fiscalizadas, y tienen un plazo de 30 días hábiles, presenten la información y realicen las consideraciones que estimen pertinentes.

 

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