La sociedad orwelliana se fundamenta en tres principios: la manipulación de la información, la práctica de la vigilancia masiva y, por último, la represión política y social. Estos tres principios son común dominador del sexenio y del gobierno actual. Es decir, la sociedad orwelliana nunca había estado tan presente como lo está en el México actual.
Varios elementos confirman esta afirmación, como por ejemplo la propuesta de reformas legales que violentan los derechos de los ciudadanos. Uno de los ejemplos claros es decir que las reformas que se refieren a las Afores no van a afectar la esfera jurídica y la propiedad privada de la ciudadana. Quiero decir que sí las afectan y que son claramente expropiatorias. La gente se va a quedar sin su dinero porque el gobierno se lo roba, eso es lo que tenemos que decir claramente sin utilizar eufemismos.
Otro de los engaños de este gobierno radica en la afirmación de que primero están los pobres. Es verdad que para ellos es conveniente que estén primero los pobres porque, para un sistema totalitario, es fundamental incrementar las carencias sociales de la clase trabajadora, y con ello incrementar la dependencia.
El orwelliano Ministerio de la Verdad nos dice que un sistema autoritario, como lo es la Cuarta Transformación, está del lado de los pobres, cuando en realidad les priva de un acceso efectivo a la justicia. Esto se vuelve muy evidente en la iniciativa de reformas planteada por el grupo oficialista de Morena a la Ley de Amparo. Esta iniciativa implica que sólo los ricos que pueden pagar abogados tan caros, como solía ser Arturo Zaldívar, se vean beneficiados por la suspensión en el Juicio de Amparo contra leyes. Al final: primero los pobres, pero a la indefensión.
En el colmo, se nos hace pasar por amnistía lo que es claramente un indulto discrecional por parte del presidente para seguirle dando abrazos a quienes no lo merecen (léase a los criminales) y que los balazos lleguen a las familias mexicanas. Aceptar la iniciativa de la Ley de Amnistía es una claudicación del congreso a sus propias facultades para cedérselas al Poder Ejecutivo.
Sin embargo, no se trata de un destino fatal porque aún podemos evitar su consolidación. Desde luego las diputadas y los diputados de la oposición daremos la batalla para que el congreso no capitule ante la iniciativa de Ignacio Mier ni ante las de Ricardo Monreal. Ni ante las de nadie.
También es cierto que el destino orwelliano no será fatal si defendemos la división de poderes y dejamos de asignar culpas que no tienen ni Mariano Otero ni Manuel Crescencio Rejón.
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