Por cada agresión a una persona candidata se registró una disminución de 1.3 por ciento en promedio en la asistencia de la ciudadanía a votar entre las elecciones de 2018 y 2021, y por cada persona que desempeñaba un puesto en la función pública la caída fue de tres puntos porcentuales, destaca una investigación Data Cívica, México Evalúa y el medio informativo Animal Político.
El informe Democracia vulnerada: El crimen organizado en las elecciones y la administración pública en México, publicado como parte del proyecto Votar Entre Balas, afirma que la violencia contra todo tipo de actores políticos hace caer tres puntos porcentuales la participación ciudadana.
La Coordinadora del Programa de Seguridad de México Evalúa, Sandra Ley, señaló que además de afectar la asistencia de la ciudadanía a votar, la violencia también provoca que las personas que habían sido seleccionadas y capacitadas para ser funcionarias de casilla no se presenten y, como marca la ley, sean sustituidas por las primeras que se forman en la fila para ejercer su voto. En ese sentido, por cada persona candidata o militante de partido atacada, hay un aumento de casi uno por ciento de sustitución.
Sandra Ley ejemplificó lo acontecido en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, donde la participación electoral bajó de 54 a 21 por ciento después de que durante el periodo electoral de 2018 hubo un ataque contra un regidor, pero en el de 2021 sumaron tres, contra la presidenta municipal y dos exfuncionarios de seguridad.
Además, la sustitución de funcionarios de casilla fue de 8.6 por ciento en 2021 —por arriba del promedio nacional, de 3.9 por ciento—. Otro caso es Apaseo el Grande, Guanajuato, que tuvo una caída de la participación de 50 a 39 por ciento tras el asesinato de un candidato a regidor y dos militantes de partidos en 2021, y la sustitución de funcionarios de casilla subió de 12 a 19 por ciento.
“¿Qué es lo que nos dicen estos ataques? Con un menor número de funcionarios capacitados para contar votos, si hay un mayor número de sustituciones, entonces estamos desdibujando ese elemento ciudadano del que nos hemos enorgullecido por décadas en la construcción de la democracia mexicana. Y segundo elemento: conforme se desvanece la participación ciudadana en las elecciones, entonces el crimen organizado tiene aún más posibilidades de afianzar sus lazos con el aparato estatal y con el gobierno”, enfatizó Ley.
Otro de los hallazgos de la investigación destaca que por cada ataque a funcionarios públicos, al año siguiente aumenta cinco puntos la tasa de homicidios en el municipio en el que se desarrollaron los hechos violentos. En este sentido, menciona lo que sucedió en Atoyac, Veracruz, donde el presidente municipal suplente fue secuestrado y posteriormente asesinado a principios de 2019, después de lo cual se disparó casi cinco veces la tasa de homicidios.
El estudio resalta la importancia de hacer este tipo de análisis a nivel municipal está en que es donde más se presenta la violencia político-criminal: el 77 por ciento de víctimas aspiraban o tenían un cargo de ese orden de gobierno.
De las casi mil 400 víctimas registradas en la serie de la investigación por Votar Entre Balas en el periodo de 2018 a 2023, un tercio han sido alcaldías, sindicaturas y regidurías.
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“El interés de las organizaciones criminales está en el nivel local, ya que así es como construyen sus controles territoriales: localidad por localidad, para consecuentemente controlar municipios y regiones enteras”, señala el informe.
Por partidos políticos, según el informe, un cuarto de las víctimas, pertenecían a administraciones de Morena, lo cual es lógico dado que es el partido que más ayuntamientos ha ganado en las últimas elecciones; sin embargo, si se considera que PAN, PRI y PRD han competido como coalición en la mayor parte de los municipios, este grupo de oposición concentra más del 40 por ciento de los ataques.
Como recomendaciones de política pública, se propusieron acciones como fortalecer la profesionalización de las corporaciones de seguridad municipales, desde adecuadas condiciones laborales hasta su capacitación y certificación; que se garantice por parte de las autoridades judiciales el puntual seguimiento a la investigación y sanción de los culpables, para dar una señal clara del compromiso y desmantelar redes de protección existentes; que los partidos políticos asuman su responsabilidad y no postulen candidatos cuyas trayectorias y vínculos abonan a procesos de violencia, colusión e impunidad; y que autoridades electorales utilicen los datos disponibles para identificar tendencias y objetivos y se puedan generar planes de prevención y protección, entre otras medidas.
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