En México, la violencia homicida contra los cuerpos policiales alcanzó niveles alarmantes durante 2025 y su persistencia proyecta un desafío mayúsculo para la seguridad pública. Las cifras disponibles muestran que, en promedio, prácticamente un policía fue asesinado cada día, una realidad que se ha convertido en una de las expresiones más crudas de la crisis de inseguridad que atraviesa el país, señaló Causa en Común.
Los registros sobre homicidios de agentes de seguridad confirman que la violencia contra las policías no es un fenómeno aislado ni circunstancia, aseguról. Durante el año pasado, los estados que concentraron el mayor número de policías asesinados fueron Sinaloa, con 48 casos; Guerrero, con 39; Guanajuato, con 36; Michoacán, con 34, y Veracruz, con 24. Estas cinco entidades, marcadas por la presencia y disputa de grupos criminales, concentran una parte sustancial de los ataques letales contra elementos encargados de la seguridad pública.
Más allá del corte anual, el seguimiento permanente realizado a partir de fuentes abiertas y notas periodísticas permite dimensionar la magnitud del problema en un periodo más amplio. Del 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025, al menos 442 policías fueron asesinados en el país, una cifra que refleja la persistente vulnerabilidad en la que operan miles de agentes, particularmente en los niveles municipal y estatal.
Los datos también evidencian que los policías municipales son los más expuestos, al encabezar el número de víctimas mortales. Se trata, en muchos casos, de corporaciones con escaso equipamiento, salarios limitados, jornadas extensas y una débil cobertura de seguridad social. Esta combinación de factores incrementa los riesgos frente a organizaciones criminales cada vez más violentas y mejor armadas.
La violencia homicida contra policías no solo deja tragedias humanas y familias marcadas por la pérdida, sino que golpea directamente las capacidades del Estado para garantizar seguridad. Cada agente asesinado representa experiencia perdida, debilitamiento institucional y un mensaje de fuerza para los grupos criminales que buscan controlar territorios o intimidar a las autoridades.
En muchos casos, los ataques ocurren en emboscadas, durante recorridos de vigilancia o incluso cuando los policías se encuentran fuera de servicio. Esta condición de riesgo permanente genera un efecto corrosivo en las corporaciones: miedo, desmoralización y, en algunos contextos, deserción de elementos que perciben que su labor carece de respaldo suficiente.
Aunque a nivel nacional se han reportado variaciones en las cifras generales de homicidio doloso, la violencia dirigida específicamente contra las fuerzas del orden se mantiene como un foco rojo. El contraste entre discursos de contención de la violencia y la realidad cotidiana de las policías revela una brecha profunda entre los objetivos de seguridad y las condiciones reales en las que operan los agentes.
Sinaloa encabeza la lista de entidades con más policías asesinados, en un contexto marcado por disputas internas del crimen organizado y reacomodos territoriales. Guerrero y Guanajuato, estados que desde hace años enfrentan altos niveles de violencia, mantienen cifras elevadas de ataques contra agentes. Michoacán y Veracruz completan el grupo de mayor riesgo, con patrones similares: presencia criminal arraigada, debilidad institucional y limitada capacidad de investigación.
Estas dinámicas regionales ponen de relieve que la violencia contra policías no responde únicamente a coyunturas locales, sino a fallas estructurales en los sistemas de seguridad y justicia, particularmente en los ámbitos municipales.
Especialistas en la materia consideran que uno de los elementos más preocupantes es la alta impunidad que prevalece en los asesinatos de policías. En una proporción significativa de los casos no hay detenidos ni sentencias, lo que refuerza la percepción de que atacar a un agente del Estado no tiene consecuencias. Esta falta de castigo se convierte en un incentivo para la repetición de la violencia y mina la confianza de las propias corporaciones en las instituciones de justicia.
La ausencia de investigaciones sólidas y de seguimiento efectivo no solo afecta a las víctimas directas, sino que debilita el estado de derecho y la capacidad del gobierno para ejercer control y autoridad en amplias regiones del país.
Ante este panorama, especialistas y organizaciones entre ellas Causa en Común coinciden en la urgencia de emprender acciones de fondo. Entre las principales demandas se encuentra fortalecer el desarrollo y la profesionalización de las policías, con procesos de formación continua y estándares claros de desempeño.
Asimismo, es imprescindible mejorar de manera sustancial las condiciones laborales y de seguridad de los agentes, incluyendo salarios dignos, equipamiento adecuado, protección en el ejercicio de sus funciones y apoyo integral para ellos y sus familias.
Además, es indispensable impulsar programas de investigación especiales que permitan reducir la impunidad en los asesinatos de policías, con unidades dedicadas, coordinación interinstitucional y recursos suficientes.
A las puertas de 2026, la cifra de policías asesinados sigue siendo un termómetro de las profundas carencias del sistema de seguridad. Que en México muera un policía casi cada día no es una estadística más, sino una señal de alerta sobre la urgencia de proteger a quienes, pese a todo, continúan enfrentando la violencia en las calles.
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