La libertad de expresión atraviesa uno de sus momentos más complejos en décadas. En distintas regiones del mundo, el derecho a informar y a ser informado enfrenta presiones simultáneas: violencia contra periodistas, marcos legales restrictivos, vigilancia digital, campañas de estigmatización desde el poder y un deterioro económico de los medios que limita su independencia. Organismos internacionales coinciden en que no se trata de hechos aislados, sino de una tendencia global sostenida que se ha profundizado en los últimos años.
La UNESCO advirtió en su informe World Trends in Freedom of Expression and Media Development que, desde 2012, los niveles de libertad de expresión han disminuido en más de dos tercios de los países analizados, con un aumento significativo de la autocensura entre periodistas, especialmente en temas de corrupción, crimen organizado y abusos de poder.
A ese diagnóstico se suma la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2025, de Reporteros Sin Fronteras, que documenta un debilitamiento estructural del periodismo, impulsado por la precarización económica de los medios y el uso de mecanismos legales para silenciar voces críticas.
En México, la libertad de expresión se ejerce en condiciones particularmente adversas. El país se mantiene como uno de los más peligrosos del mundo para el ejercicio periodístico fuera de zonas de guerra. La violencia directa, combinada con altos niveles de impunidad, ha generado un entorno donde informar implica un riesgo constante.
Artículo 19 documentó más de 600 agresiones contra periodistas tan solo en 2024, entre amenazas, ataques físicos, campañas de desprestigio y uso del sistema judicial como mecanismo de presión. La organización advierte que la impunidad supera el 90 por ciento de los casos.
El inicio de 2026 confirmó que la tendencia no se ha revertido. En enero fue asesinado el periodista Carlos Leonardo Ramírez en Veracruz, entidad que concentra uno de los historiales más graves de violencia contra la prensa en las últimas dos décadas. El caso tuvo repercusiones adicionales por la desaparición de personas cercanas al comunicador tras su funeral, lo que amplificó el mensaje de intimidación.
Reporteros Sin Fronteras exigió al gobierno mexicano investigaciones exhaustivas y medidas de protección efectivas, al advertir que la reiteración de homicidios sin castigo alimenta la autocensura y erosiona la democracia.
A la violencia se suman tensiones institucionales. Freedom House mantiene a México como un país “parcialmente libre” en materia digital, señalando el acoso en línea contra periodistas y la debilidad de los mecanismos de protección frente a ataques desde actores estatales y no estatales.
Además, especialistas han alertado sobre el impacto que tienen los cambios en los órganos de transparencia y acceso a la información, al considerar que reducen contrapesos y limitan la rendición de cuentas.
Fuera de México, el panorama no es más alentador. Entre 2022 y 2025 fueron asesinados al menos 186 periodistas en contextos de conflicto o violencia política, mientras que miles enfrentan procesos judiciales, vigilancia o exilio forzado.
En Europa, diversas organizaciones han advertido sobre el uso creciente de leyes contra el discurso de odio o la desinformación que, en algunos casos, terminan restringiendo expresiones legítimas y generando debates sobre censura indirecta.
En Estados Unidos, organizaciones internacionales de prensa han señalado retrocesos recientes, particularmente por ataques verbales a la prensa, intentos de limitar el acceso a información pública y presiones a medios críticos.
En América Latina, El Salvador se ha convertido en un caso emblemático. Se han documentado desplazamientos forzados de periodistas, campañas de estigmatización y restricciones al acceso a información bajo el gobierno de Nayib Bukele.
La libertad de expresión no se pierde de golpe, sino por acumulación de silencios, miedos y restricciones normalizadas. En México y en el mundo, los datos muestran que informar se ha vuelto más peligroso y más costoso. Defender este derecho no es solo proteger a periodistas, sino garantizar que la sociedad conserve su capacidad de cuestionar al poder y conocer la verdad.
La agresión a la libertad de expresión erosiona el derecho social a conocer la realidad. Cuando periodistas callan por miedo, la información se fragmenta, el debate público se empobrece y la ciudadanía pierde herramientas para tomar decisiones informadas. El silencio impuesto protege abusos, normaliza la corrupción y debilita la confianza en instituciones que deberían rendir cuentas.
Atacar la palabra libre afecta a toda la sociedad, no solo a la prensa. Sin expresión crítica, el poder opera sin vigilancia, crecen la desinformación y el autoritarismo, y la democracia se vacía de contenido. Defender este derecho es proteger la verdad, la pluralidad.
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