La persecución religiosa en México no comenzó con la Revolución ni con la Guerra Cristera. Su raíz se encuentra en el siglo XIX, cuando el naciente Estado liberal decidió que la Iglesia católica —institución central en la vida social, educativa y asistencial del país— debía ser neutralizada para que México pudiera “modernizarse”. Entre 1855 y 1876, el enfrentamiento entre Iglesia y Estado no fue solo ideológico o jurídico: derivó en guerra civil, persecución sistemática, exilios forzados y una profunda fractura social cuyas consecuencias se arrastrarían durante más de un siglo.
Este periodo es clave para entender por qué la libertad religiosa en México no fue una concesión natural, sino una conquista tardía. Aquí se sentaron las bases del anticlericalismo de Estado y se inauguró una lógica peligrosa: usar la ley para imponer una visión ideológica única, aun a costa de la dignidad humana y la paz social.
Las Leyes de Reforma: la secularización por decreto
Tras la Revolución de Ayutla y la caída de Santa Anna, el grupo liberal llegó al poder decidido a transformar radicalmente al país. Bajo el liderazgo de Benito Juárez, se promulgaron una serie de disposiciones conocidas como Leyes de Reforma, cuyo objetivo explícito era separar a la Iglesia del Estado, pero cuyo objetivo real fue desmantelar por completo la estructura eclesial, expresando de diversas maneras, el odio contra la fe católica.
Entre las más relevantes destacan:
- Ley Juárez (1855): eliminó el fuero eclesiástico, sometiendo a clérigos a tribunales civiles.
- Ley Lerdo (1856): obligó a la Iglesia a vender sus bienes inmuebles, afectando templos, conventos, hospitales y escuelas.
- Constitución de 1857: estableció formalmente la separación Iglesia-Estado y consagró una libertad de cultos que, paradójicamente, restringió severamente el culto católico.
- Leyes de 1859-1860: nacionalizaron bienes eclesiásticos, secularizaron el matrimonio, el registro civil, los cementerios y prohibieron órdenes religiosas.
El resultado fue una Iglesia despojada, vigilada y jurídicamente asfixiada. Como escribió el historiador Daniel Cosío Villegas, “la Reforma no buscó solo limitar a la Iglesia, sino someterla”. Desde Roma, el Papa Pío IX condenó estas medidas por violar derechos fundamentales y atentar contra la conciencia de los fieles.
La Guerra de Reforma: mexicanos contra mexicanos
La promulgación de estas leyes no se dio en un contexto pacífico. Derivó directamente en la Guerra de Reforma, una guerra civil que enfrentó a liberales y conservadores, pero que en el fondo fue una guerra por la identidad del país.
En estados profundamente católicos como Jalisco, Michoacán, Puebla y Guanajuato, campesinos y comunidades enteras se levantaron en defensa de sus sacerdotes, templos y tradiciones. Hubo fusilamientos de clérigos, encarcelamientos de obispos y destrucción de iglesias. El arzobispo Antonio de Labastida fue expulsado del país; decenas de sacerdotes huyeron o se ocultaron.
Un testimonio recogido en archivos parroquiales de Michoacán relata: “El padre decía misa de madrugada, con vigías en la puerta. Si venía el ejército, todos corríamos”. La fe se volvió clandestina.
La victoria liberal en 1861 no trajo reconciliación, sino endurecimiento. Juárez profundizó la aplicación de las leyes y buscó incluso promover una Iglesia nacional cismática, separada de Roma, intento que fracasó por falta de apoyo popular.
Impacto social y económico: cuando el Estado no supo sustituir
Uno de los efectos menos analizados, pero más profundos, fue el impacto social y económico de quitarle a la Iglesia su rol tradicional. Antes de la Reforma, la Iglesia administraba hospitales, escuelas, asilos y obras de caridad que atendían a los más pobres.
La desamortización de bienes no generó la clase media prometida. Muchas propiedades terminaron en manos de élites y extranjeros, aumentando la desigualdad. Las órdenes religiosas, expulsadas o disueltas, dejaron vacíos que el Estado no pudo llenar. Hospitales cerraron; la educación se interrumpió en amplias regiones.
Desde la Doctrina Social de la Iglesia, esto representa una violación clara al principio de subsidiariedad: el Estado eliminó una institución social eficaz sin tener la capacidad de sustituirla, dañando el bien común.
Intolerancia y fractura cultural
El discurso liberal presentó a la Iglesia como enemiga del progreso y al creyente como ignorante o fanático. Esto fomentó un anticatolicismo cultural en sectores urbanos ilustrados y profundizó la división entre élites y pueblo rural.
Al mismo tiempo, se produjeron episodios de intolerancia inversa: comunidades católicas atacaron a protestantes recién llegados, a quienes veían como agentes extranjeros. La persecución, desde uno u otro lado, erosionó la solidaridad social y sembró resentimientos duraderos.
Del Imperio al Porfiriato: la tregua sin justicia
La Intervención Francesa y el Imperio de Maximiliano de Habsburgo ofrecieron una breve ilusión de reconciliación. Sin embargo, tras su caída y fusilamiento, la persecución se reanudó con fuerza bajo Sebastián Lerdo de Tejada, quien incluso expulsó a las Hermanas de la Caridad, responsables de hospitales y escuelas.
No fue sino hasta el ascenso de Porfirio Díaz que se instauró una tregua pragmática. Las leyes anticlericales permanecieron, pero dejaron de aplicarse con rigor. La Iglesia recuperó espacios de facto, pero sin derechos legales. Era una paz frágil, basada en la tolerancia, no en la justicia.
El siglo que sembró la persecución
El siglo XIX mexicano inauguró una lógica que marcaría al país durante generaciones: la idea de que el Estado podía redefinir la conciencia de su pueblo mediante la ley y la fuerza. Las Leyes de Reforma construyeron un Estado laico, sí, pero al costo de guerras civiles, persecución religiosa y una profunda fractura social.
Desde los valores de la Doctrina Social de la Iglesia, este periodo evidencia cómo la negación de la dignidad humana, la libertad religiosa y la subsidiariedad conduce inevitablemente al conflicto. La tregua del Porfiriato no resolvió el problema; solo lo pospuso.
La semilla estaba plantada. Bastaría una nueva radicalización ideológica para que el conflicto reapareciera con mayor violencia en el siglo XX. Esa historia —la Constitución de 1917 y el camino hacia la Cristiada— será el eje de la siguiente entrega.
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