El Tren Maya, de seguridad nacional

AMLO dio instrucciones al Consejo de Seguridad Nacional para que el Tren Maya fuera declarado de Seguridad Nacional y, de esta manera, se burlara el amparo que impedía que las obras se continuaran.



 Hace apenas una semana comentaba en este espacio el menosprecio que los militantes de Morena tienen por la Ley, violándola cínicamente y desafiando a la justicia respecto de lo que pueda ocurrir.

Para avalar lo dicho, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio instrucciones al Consejo de Seguridad Nacional para que el Tren Maya fuera declarado de Seguridad Nacional y, de esta manera, se burlara el amparo que impedía que las obras se continuaran por no existir las manifestaciones de impacto ambiental aprobadas.

Los ambientalistas y los arqueólogos han señalado los peligros que se ciernen sobre la selva, las cuevas y los numerosos restos arqueológicos que hay en la ruta del tramo 5 que está en disputa. Los arqueólogos han intentado a toda prisa ir rescatando lo que pueden en descubrimientos arqueológicos que se sabe que abundan en la Zona Maya, pero para cuyo rescate y protección no existe presupuesto, por lo que es preferible mantenerlos ocultos para impedir el saqueo. Sin embargo, con la apertura de la ruta del Tren Maya, la accesibilidad a dichos restos será más fácil y muchos de ellos corren el riesgo de perderse.

En cuanto a la declaratoria de Seguridad Nacional del Tren Maya, no basta que la ejecución de la obra, que no le compete en términos estrictos, sea realizada por el Ejército. Y una declaratoria de tal naturaleza no puede apegarse a un capricho presidencial ni a su enojo por el retraso de la misma debido a la improvisación con que se inició la obra, sin cumplir con todos los requisitos para una tarea de tal naturaleza. De entrada cabría preguntar si el Tren Maya es de seguridad nacional, porqué no se le concibió y declaró como tal desde un principio, y no ahora, que hay un amparo que frena los trabajos.

La Ley de Seguridad Nacional define en su Artículo Tercero, lo que puede entenderse como una acción de Seguridad Nacional para mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano para proteger al País frente a riesgos y amenazas; preservar la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio; el mantenimiento del orden constitucional y la unidad de la Federación; la defensa del País frente a otros estados o sujetos de derecho internacional, y, finalmente, preservar el régimen democrático fundado en el desarrollo social, económico y político.

De todas las disposiciones previstas, la última es la que podría interpretarse como el fundamento para la declaratoria que estamos comentando. La pregunta es cómo se atentaría a la preservación del régimen democrático si la obra no se realiza hasta que se cumplan los requisitos que los ordenamientos jurídicos señalan como condición para los trabajos de infraestructura. La solución es muy simple, cúmplase con lo que se debe y, entonces, el amparo ya no tendrá razón de ser.

¿Cuáles fueron los argumentos que se debatieron para que el Consejo de Seguridad Nacional decidiera la declaratoria que permite pasar sobre un amparo? No lo podemos saber, pues las actas de las sesiones del mismo son reservadas y se desconoce lo que ahí se deliberó. Por lo pronto, en ningún lado dice que el simple deseo de un presidente que quiere desarrollar un proyecto de dudosa utilidad de desarrollo social, económico y político sea suficiente.

Resulta sumamente peligrosa la decisión no justificada de fondo de la declaratoria de marras. Una acción de esta naturaleza manifiesta que ya estamos en un Estado autoritario, que a su gusto puede tomar acciones por encima de la Ley porque se le ocurre declararla de Seguridad Nacional.

Al mismo tiempo, nos encontramos con la declaración del Secretario de Gobernación Adán Augusto López, quien manifestó su menosprecio por las sanciones que le pueda imponer el Instituto Nacional Electoral (INE), ya que la Cámara de Diputados ya lo va a desaparecer. De ello podría concluirse que quien quiera puede violar la ley con la esperanza futura de que sea reformada. ¿Estará tan seguro de ello? Y cabe recordar que no basta que los diputados de Morena que tienen mayoría en la Cámara, si es que todos se alinean, voten a favor de las reformas propuestas. El Senado tendría la última palabra y muy probablemente, según ha declarado la oposición, si la reforma pretende la desaparición o debilitamiento del INE, no pasará.

Pero, reitero, lo preocupante es el menosprecio a la Ley por parte de las actuales autoridades federales, de graves consecuencias. ¿No habrá forma de declarar de Seguridad Nacional el cumplimiento de la Constitución y la Ley por parte del Presidente y su gabinente?


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