De mal en peor

Matar –y eso es un aborto- no es un derecho. En casos extremos, el derecho es a la legítima defensa, y un nuevo ser no es un agresor, y el quehacer profesional del médico no va en esa dirección.



La Suprema Corte de Justicia de la Nación se hace bolas en el tema de la libertad de conciencia, estableciendo objeciones a la Ley de Salud. Al abordar el tema, dicen que sí a la objeción que puedan poner los médicos, pero no.

Entre las argumentaciones que hacen, aceptan que la objeción es constitucionalmente válida, pues está inmersa dentro de la libertad “ideológica”, cuando deberían decir que es de pensamiento, y la libertad religiosa.

Sin embargo, dicen que los médicos no la pueden invocar de manera ilimitada de forma que se violen los derechos de otras personas y, por lo tanto, proponen “estándares” respecto de la misma. ¿Qué quieren decir? ¿Acaso hay “estándares” y límites al actuar de los ministros de la Corte? ¡Está visto que no!

Quienes se han extremado son, precisamente, los ministros al negar el derecho a la vida del recién concebido, exhibiendo impúdicamente ante toda la Nación, su ignorancia sobre lo que es un neonato y cuándo empieza la vida. Datos accesibles hasta en los manuales con que se orienta a una futura madre. Los ministros han violado la más elemental ética humana, independientemente de su torcido criterio de interpretación constitucional, contrario a muchos de quienes los precedieron. Y esto, para sentirse muy modernos y de criterio abierto. Ahora sí que hicieron gala de ceguera como se representa a la justicia, cambiando el sentido de ella para no ceder a intereses de cualquier tipo en la búsqueda de dar a cada quien lo que es suyo.

La objeción de conciencia de un médico nunca está orientada a no hacer lo necesario para salvar vidas. Más bien, está orientada a abstenerse de hacer un mal con sus conocimientos. Esto lo sabe cualquiera que ha conocido un poco de ética y de bioética.

Lo curioso es que entendiendo lo dicho por el Ministro Zaldívar, es que se pretende obligar a los médicos a realizar abortos, bajo el falso derecho de las mujeres a realizarlo. Matar –y eso es un aborto- no es un derecho. En casos extremos, el derecho es a la legítima defensa, y un nuevo ser no es un agresor, y el quehacer profesional del médico no va en esa dirección.

Casualmente estos mismos argumentos se esgrimen en otros países, particularmente por la izquierda, para promover que se reforme la Constitución como se ha propuesto en España, para impedir que los médicos se nieguen a realizar abortos.

Aquella disyuntiva que planteaba elegir entre la vida de la madre o el niño, gracias a la ciencia se ha reducido. En cualquier caso, el médico se empeña en salvar las dos vidas, independientemente del resultado final que se produzca en el intento. Nadie está obligado a lo imposible.

Si supieran deontología, los ministros sabrían que un profesional se guía por los principios de beneficencia, no maleficencia, el de autonomía y el de justicia. Todo ello le ayuda a normar sus decisiones y en función de lo mismo actúa o deja de hacerlo. De esta manera es como se va formando la conciencia de un profesional y guía su actuación.

Los médicos saben perfectamente que cuando se unen un óvulo y un espermatozoide empieza una nueva vida, sí, vida. El nuevo ser es distinto a la madre y mediante un maravilloso proceso, de manera autónoma se va desarrollando de una célula original, hasta culminar en la configuración plena de un niño que seguirá desarrollándose durante muchos años más, hasta alcanzar la plenitud. Cortar esa vida es cualquiera de esos momentos, no tiene otro nombre que cometer un asesinato.

Finalmente, si alguna profesión se guía fundamentalmente por el principio de beneficencia, o sea hacer el bien, es la medicina, cuya razón de ser es favorecer la vida humana, no aniquilarla.

Esperemos que la “recomendación” que la Corte ha hecho a los legisladores, si llegan a modificar los artículos que han invalidado los Ministros, clarifiquen y protejan el derecho de objeción de conciencia, poniéndolo a salvo de los falsos derechos creados por la Corte.

 

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