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Plan anticarestía

No se trata solamente de bajar los precios, se trata de mejorar las utilidades de los productores del campo para que puedan prosperar.



En medio de este huracán de propuestas que hemos vivido en las últimas semanas, se propuso un Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC). La actual administración hizo un gran esfuerzo para negar que esto se trate de un control de precios y se habla de que es un programa voluntario en el que participarán gobierno, productores y comercializadores. Sin presiones. Entre los objetivos del mencionado paquete está el de estabilizar los precios de 24 productos de la canasta básica, reducir o mantener los precios de los insumos necesarios para la producción y transporte de los productos alimentarios básicos, reducción de impuestos a las importaciones de alimentos y otras medidas similares.

Para algunos que nos tocaron vivir las temporadas de hiperinflación que sufrimos en los ochenta del siglo pasado, esto nos recuerda los acuerdos que estableció el presidente Miguel de la Madrid, fundamentalmente con las grandes cadenas de comercializadores, quienes se comprometieron a no adquirir productos a precios inflados. Además del uso de una reserva de divisas que se fue construyendo a lo largo de la administración De la Madrid, con el propósito de poder detener la especulación cambiaria, y otras medidas más.

El acuerdo tuvo un éxito relativo, pero importante. En el primer año se logró bajar la inflación a 20% anual, cosa que hoy nos parecería impensable pero que fue un gran logro pensando que en el año anterior la inflación había rebasado el 100% anual. Mucho se dijo que el diseño del proyecto estuvo en manos de Carlos Salinas de Gortari y que contribuyó de manera importante para tener un gran prestigio, tanto al interior del partido gobernante como entre la iniciativa privada, lo que le permitió acceder a la presidencia de la República. O por lo menos hacerlo sin grandes dificultades, gracias a la magia de la caída del sistema.

En medio de la gran cantidad de iniciativas de la actual administración, el PACIC salió muy rápidamente de la agenda pública. Después de todo, los que más podrían haber protestado, que es el sector privado, no hizo mayor ruido. Al menos al nivel de los representantes de los empresarios, a excepción de las quejas de la Coparmex.

Cuando uno entra a fondo en esta discusión se encuentra que hay dos posiciones ideológicas, incluso con tintes sentimentales. Hay quienes confían en la sabiduría y la bondad infinitas del Estado y consideran que es importante que la economía se maneje desde las oficinas del Gobierno. Con lo cual se garantizará, dicen ellos, la pulcritud en su manejo. La otra posición ideológica es que el Gobierno no tiene nada que hacer en la economía, y que en todo caso lo mejor es dejarla que funcione por sí sola. Con lo cual, de acuerdo con los clásicos de esta ideología, una mano invisible logrará la mayor prosperidad de las naciones.

Posturas ideológicas, que muchas veces chocan con la realidad: los países donde la economía se planifica centralmente, que son cada vez menos, no han logrado salir de su estancamiento económico o incluso de la pobreza. Como ha sido el caso las dictaduras de izquierda en África, el caso de Corea del norte y los ejemplos De Cuba, Venezuela y Nicaragua, para lo cual siempre hay explicaciones, pero pocos resultados concretos. Por otro lado, en países con gobiernos socialistas, cómo son los países escandinavos y algunos europeos, o como son los casos de China y Vietnam en las últimas décadas, los gobiernos permiten un grado importante de libertad a los negocios, y se han ocupado de crear condiciones de “un piso parejo” para toda clase de empresas. Su crecimiento económico ha sido notable. Socialistas, pero con instrumentos neoliberales. Desgraciadamente, ambas posiciones a favor o en contra de la intervención del Gobierno en la economía, están más basadas en dogmas ideológicos que en conceptos demostrables.

En algunos países se ha tomado una decisión política de apoyar fuertemente a la producción de alimentos, al sector agrícola y ganadero, mientras que otros han preferido impulsar la industrialización o basan su economía en servicios. Eso, obviamente, no ocurre sin dolores.

Un ejemplo anecdótico pero muy ilustrativo: en países como Japón, la población ha aceptado que muchos de los alimentos básicos sean caros. Por eso, la mayoría de los japoneses que regresan a su patria desde Estados Unidos, llevan a bordo en los aviones bolsas de arroz de varios kilos o paquetes de carne de res congelada. Y la razón es que los precios que se pueden obtener en Estados Unidos son sustancialmente más baratos que los que obtienen en su nación.

Otro caso interesante ocurre en Francia: la población ha aceptado que una parte interesante de los impuestos se gaste en subsidios para algunos sectores agropecuarios. Con lo cual, por ejemplo, la leche en polvo de origen francés es tan barata en los mercados mundiales, que han logrado hacer muy difícil la rentabilidad de los productores de leche en muchos países no desarrollados. Y en otro campo, la sociedad francesa está dispuesta a aceptar que el Gobierno adquiera grandes cantidades de vino para convertirlo en alcohol, y evitar que bajen los precios de los vinos franceses.

En todo caso, hay un problema real: en México los productos básicos han subido de precio. En el pasado el nacionalismo revolucionario que gobernó nuestro país, estableció precios de garantía, controles de precios, creó empresas como la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), para adquirir alimentos a precios bajos en el mercado internacional. Todo ello con un éxito parcial y que además propició una gran corrupción. Estos son elementos que están en el mencionado PACIC. ¿Habrá alguna garantía de que no se repetirán las mismas adversidades?

Por otro lado, la oposición ha permanecido silenciosa en este campo, dando la impresión de que no tiene propuestas alternativas para este tema. Otros programas anteriores, como los programas para reducir el hambre en nuestro país, han sido visiblemente ineficaces. Si el problema es real, y creo que lo es, habría que encontrar la manera de que los productores del campo realmente tengan utilidades que les permitan una vida digna trabajando sus tierras. Porque, cómo están las cosas, este sector que forma un porcentaje menor de la población económicamente activa, seguirá siendo el que mayormente forme parte de la migración legal o ilegal.

Hace años conocí una iniciativa muy meritoria, por un fraile dominico radicado en Perú, que creó un sistema para llevar directamente o por lo menos con pocos intermediarios, productos del campo a las centrales de abasto. Algo que se está mencionando en estos momentos, como parte de este paquete. Tras de varios años de esfuerzo se dieron cuenta de que no basta con conocer la diferencia del precio del producto en el campo y en el mercado: también hay que conocer todos los costos adicionales qué tiene el llevar esos productos del campo hasta el consumidor. Los costos de la post cosecha, de la logística, el desperdicio natural que ocurre en el manejo, la fumigación de los productos, el almacenaje, el costo de mantener los inventarios desde el momento de la cosecha hasta el momento de la venta, nunca fueron tomados en cuenta. Y eso, por supuesto, no es gratis. Sí, algo se puede lograr entrando a esos procesos, pero los ahorros no son tan espectaculares como creen los que acusan de coyotes a los que llevan a cabo la logística y el almacenaje de productos perecederos.

Habiendo dicho todo esto, es necesario hacer estudios mucho más profundos para poder reducir de una manera permanente la carestía. No conformarse con reducir el costo de los insumos para producir alimentos: es necesario actuar en otros campos. Y en el mencionado PACIC no se menciona nada de los aspectos de investigación, capacitación, extensionismo agropecuario y otras áreas que deben llevar a que el productor del campo pueda ser exitoso. Sin olvidar el tema, resuelto muy a medias, del Ejido, de la pequeña propiedad y el de dar seguridad a las inversiones en el campo. Estoy convencido de que sobrarían expertos en nuestro país que podrían crear un programa mucho más robusto. Porque no se trata solamente de bajar los precios: se trata de mejorar las utilidades de los productores del campo para que puedan prosperar. Y si eso nos va a costar a la ciudadanía, es importante que tengamos claros esos costos, que se nos hagan conocer cuáles serán sus impactos y aceptemos que una situación que se ha venido deteriorando por siglos, no tendrá soluciones rápidas ni baratas.

 

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