Las evidencias indican que tenemos un país lastimado. No se puede justificar a la autoridad que no es capaz de sentir empatía por el dolor evitable.
Para cerrar 24 meses de administración e iniciar el tercer año de gobierno, el inquilino del Palacio Nacional decidió promulgar la “Guía Ética para la transformación de México”, documento de corte moral, ideal para el pastor de un movimiento, no para quien tiene el mandato constitucional y la responsabilidad superior de administrar los bienes de la Nación, procurar el bien común con justicia y libertad, y velar por la unión de todas y todos los mexicanos.
Ese documento, presentado el viernes en su conferencia matutina, no resistiría la elemental prueba de congruencia entre la narrativa oficial y sus acciones. Quizás sea, a futuro, una forma de curarse en salud y de anticipar el perdón popular.
Fiel a su estilo, su prioridad es dar a conocer una visión del “deber ser”, que en su imaginario sería suficiente para cambiar la situación crítica del país, cuando la realidad es que existen problemas nacionales que piden a gritos, ya no se diga una respuesta inmediata, sino un mínimo de atención.
24 meses después, vivimos un retroceso en lo económico, lo social, la salud y la seguridad. El deterioro institucional ha impactado a millones de familias mexicanas, en tanto se continúa con el propósito de invertir en obras públicas no prioritarias y que, según los especialistas, son inviables técnica y económicamente. En pocas palabras, sólo existe el propósito de destinar contratos millonarios a proyectos no esenciales, sin transparentar uso y destino.
Estos años han sido los más violentos en la historia del país, con poco más de 65 mil muertes. El feminicidio, en específico, se ha incrementado en un 13 por ciento, y aún hay resistencia para votar una ley general para prevenirlo, sancionarlo y erradicarlo. Sencillamente no hay voluntad política para atender la seguridad de las mujeres.
Ante el incremento de estas cifras, el gobierno exhibe “sus propios datos” y justifica el amplio poder que le ha otorgado a las Fuerzas Armadas –pese a que en campaña hizo el compromiso de regresarlas a los cuarteles–, aunque no existe una estrategia clara de seguridad. Las tropas reparten libros y medicinas, construyen bancos, un aeropuerto y los dos tramos más grandes del Tren Maya, plantan árboles, dirigen la lucha contra la inmigración ilegal, controlarán puertos y aduanas y por decreto presidencial participan en tareas de seguridad pública.
No se ha fortalecido ni a las policías municipales ni a las estatales. La impartición de justicia se ha hecho de manera selectiva y con designaciones a modo dentro del Poder Judicial, con lo cual se rompe con la autonomía y consecuentemente se vulneran los contrapesos entre poderes. Tal es el caso de la mayoría legislativa, sometida a las instrucciones presidenciales y que ha demostrado obediencia ciega al hombre, mas no a la Nación.
Tampoco hay cambios significativos en el combate a la corrupción. Los resultados no se ven reflejados ni el número de culpables, ni en las sentencias, ni en las sanciones cuando de sus familiares o colaboradores se trata, ni en la cancelación de las adjudicaciones directas. La lucha anticorrupción se ha convertido en un buen espectáculo para los medios y para conversaciones de ocasión, pero está muy lejos de erradicarse.
Las evidencias indican que tenemos un país lastimado. No se puede justificar a la autoridad que no es capaz de sentir empatía por el dolor evitable. Y, lo más lamentable, el recuento anterior es sin mencionar las consecuencias sanitarias ni económicas de la pandemia.
Tenemos un gobierno más ocupado en la política electoral que en la política pública; obsesionado en descalificar, minimizar y desestimar a quienes pensamos diferente. 24 meses después, no se han dado cuenta que la campaña electoral quedó atrás y que hoy son gobierno.
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