Lo más preocupante que detectó el estudio es que en el país sólo tenemos 0.50 asesores jurídicos victímales para cada 100 mil habitantes.
En México, la impunidad a nivel nacional es de 92.4 por ciento, es decir, en el país 9 de cada 10 delitos quedan impunes, de acuerdo con el reporte Hallazgos 2019 de México Evalúa, sobre el Sistema de Justicia Penal.
El estudio revela que el 27.9 por ciento de las detenciones a nivel nacional en el año pasado fueron calificadas como ilegales por un juez de control. Las entidades con mayor número de detenciones fueron declaradas ilegales porque no fueron realizadas con apego a los requisitos constitucionales fueron: Oaxaca, con 69.2 por ciento y Estado de México, con 68 por ciento.
El documento refiere que los niveles más altos de impunidad se registraron en Sinaloa con 99 por ciento; Guerrero, con 98.4 por ciento; San Luis Potosí y Ciudad de México con 97.7 por ciento.
En contraste, los niveles más bajos de impunidad se registraron en Baja California, con 67.1 por ciento; Guanajuato, con 74 por ciento; Yucatán, con 83.8 por ciento; y Querétaro con 85.2 por ciento son las entidades mejor evaluadas en el ranking nacional de avance en la consolidación del Sistema de Justicia Penal.
De acuerdo con México Evalúa, en 2019 se observa un rezago a nivel nacional en la consolidación del sistema de justicia penal, ya que ninguna de las entidades federativas logró alcanzar el están mínimo.
Rezago de personal en el SJP
Mara Gómez, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa, señaló que en México hay un rezago de personal para impartir la justicia, lo que genera una saturación tanto en las fiscalías como en los poderes judiciales, a nivel nacional sólo se cuenta 3.77 jueces por cada cien mil habitantes.
También el número de policías y Ministerios Públicos es muy bajo con 9.93 policías de investigación y 9.60 MP por cada 100 mil habitantes, respectivamente. Así como 2.37 peritos y 2.23 defensores de oficio por cien mil habitantes. Lo más preocupante que detecto el estudio es que en el país solamente hay 0.50 asesores jurídicos victímales para cada cien mil habitantes. Por lo que el sistema de justicia requiere de una mejora en la operación.
Lo que esto conlleva a la escasa resolución de casos y la saturación de los delitos de bajo impacto (común mente robos) dejan pendiente la atención de fenómenos que más lastiman a la sociedad: desapariciones, homicidios, feminicidios, entre otros.
Otro dato importante que revela el estudio es una constante de que el “principio de oralidad es endeble”, pues durante las audiencias se observó que los agentes del Ministerio Pública hacen un uso excesivo de la lectura cuyo principio más frecuente en las resoluciones judiciales es la oralidad.
Diputados buscan contrarreforma
Al presentar en videoconferencia la séptima edición del reporte Hallazgos 2019, Edna Jaime, directora general de México Evalúa, dijo que como cada año se pone en marcha una serie de propuestas de contrarreformas en poder legislativo, las cuales están más enfocada más enfocadas a reducir garantías y libertades que a dar soluciones reales para atender la impunidad.
Informó que en la actual LXIV Legislatura se han presentado 362 iniciativas para reformas el Sistema de Justicia Penal, donde el 14 por ciento son relativas a la prisión preventiva oficiosa; el 78 por ciento propone limitar el ejercicio de algún derecho o libertad.
Edna resaltó que el actual sistema penal permite respetar más la presunción de inocencia, controla más las detenciones ejecutas por policías y fuerzas armadas, obliga a fiscales a aportar pruebas antes de enviar a alguien a prisión, logra una participación más activa de jueces y permitir más reparaciones de daños, por lo que no deben desvanecerse estos derechos y volver al pasado.
“Hallazgos ofrece mucha información para poder contar con evidencias y entender por qué la justicia en México no funciona”, concluyó.
Las recomendaciones del estudio:
• Fomentar la coordinación interinstitucional: trazar un camino en común.
• Legislar, pero de forma muy precisa y puntual con base en evidencia empírica.
• Mantener en el centro del proceso a víctimas e imputados, no desprotegiendo sus derechos dentro del proceso.
• Apuntalar la transparencia y evitar sus retrocesos.
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