Pedro Dutour   
Dos hechos han demostrado que las relaciones entre la Iglesia Católica y el gobierno argentino costarán en restablecerse: el nombramiento de Alberto Iribarne como embajador de Argentina ante la Santa Sede, y la posible eliminación del obispado castrense constituido en 1957 por acuerdo con la Santa Sede.

 

Días después de asumir la presidencia de Argentina en diciembre pasado, Cristina Fernández se reunió con la cúpula del Episcopado argentino para hacer las paces. El resultado del encuentro no pudo ser mejor: entendimientos y compromisos mutuos para restablecer una relación que vivió momentos muy tensos durante el gobierno del anterior presidente y esposo de la actual, Néstor Kirchner.

Entre otras cosas, la presidenta y los obispos trataron temas de educación y de lucha contra la pobreza. Durante la campaña electoral, Fernández había brindado señales positivas para reconstituir los vínculos. Una de ellas: la oposición al aborto.

Durante el mandato de Kirchner (2003-2007), el vínculo entre el gobierno y la Iglesia Católica tocó fondo. Argentina, un país con más de 35 millones de habitantes, tiene un 88 por ciento de católicos, aunque los practicantes son entre el 6 y el 20 por ciento, según el modo de computarlos. De acuerdo al artículo 2 de la constitución, el Gobierno Federal argentino sostiene el culto católico.

El estilo K

Néstor Kirchner ha sido uno de los políticos argentinos al que más ha importado la opinión de los otros sobre su gestión. Y la forma de reaccionar no ha resultado ser siempre la más ortodoxa, sobre todo para apuntar sus dardos contra la prensa y la Iglesia Católica. Se le llamó el “estilo K”: frontal, nada conciliador y combativo.

En repetidas ocasiones, Kirchner reaccionó muy duramente ante declaraciones de los obispos que eran contrarias a su gobierno o le parecían así. En marzo de 2005 recusó a Monseñor Antonio Baseotto como obispo castrense y le quitó el sueldo porque criticó al ministro de Salud por estar a favor del aborto y de la entrega gratuita de preservativos a los jóvenes. Cabe señalar que Kirchner podía tomar esa decisión con el obispo castrense, porque –a diferencia de los demás obispos– en su caso, al nombrarlo se tiene en cuenta la opinión de la administración de turno. A falta de acuerdo con el gobierno para designar sucesor de Monseñor Baseotto, jubilado en abril de 2007, el obispado castrense está vacante desde entonces.

Otra muestra significativa de la actitud belicosa de Kirchner con la Iglesia se pudo ver a finales de 2005, con ocasión de un documento del Episcopado donde se denunciaba que en Argentina crecían la desigualdad y la marginación. La respuesta del presidente fue desproporcionada, con muy duras palabras contra la Iglesia por su posición durante la dictadura militar de los años setenta, y sin referencias concretas a aspectos que considerara censurables en el documento.

Tales polémicas, sostenidas a través de los medios de comunicación, fueron prácticamente las únicas relaciones de Kirchner con la Iglesia, ya que después de la reunión que el presidente mantuvo con los obispos en agosto de 2003, no quiso volver a recibirlos. Por eso, la entrevista que les concedió Cristina Fernández parecía un evidente cambio de actitud.

Dos problemas pendientes

Pero dos hechos han demostrado que las relaciones entre la Iglesia Católica y el gobierno argentino costarán en restablecerse. El primero tuvo que ver con el nombramiento de Alberto Iribarne como embajador de Argentina ante la Santa Sede. Su condición de divorciado y vuelto a casar le impide ser aceptado en ese cargo. El asunto no está resuelto, y el propio Iribarne se plantea renunciar para no complicar las relaciones entre Argentina y el Vaticano.

No faltó quien pusiera el grito en el cielo por la “intransigencia” del Vaticano en este asunto. Pero el gobierno argentino bien sabía –o fingió no saber– las condiciones para enviar un embajador a la Santa Sede, algunas de las cuales no cumplía Iribarne. El Vaticano plantea dos requisitos: no tener sentimientos antirreligiosos y no presentar irregularidades canónicas si se trata de un católico, como se declara el propio Iribarne.

A todo esto se suma la participación y firma de Iribarne en el Plan Nacional contra la Discriminación, una controvertida ley muy criticada por la Iglesia Católica y los grupos pro vida, por promover el aborto y la homosexualidad. Por ahora, no hay un nombre alternativo al de Iribarne.

La otra circunstancia que puede volver a tensar la cuerda es la posible eliminación del obispado castrense constituido en 1957 por acuerdo con la Santa Sede. Primero vicariato castrense, se convirtió en obispado durante la primera administración del Presidente Carlos Menem (1989-1999). Son 140 los capellanes que prestan sus servicios a las Fuerzas Armadas, la Gendarmería, la Prefectura Naval, y agregados militares del cuerpo diplomático extranjero.

La presidenta Fernández estudia dos vías para poner fin al acuerdo firmado con la Santa Sede: presentar un proyecto de ley del oficialismo, o por medio de un decreto. El gobierno niega que la eliminación del obispado castrense tenga relación con el caso Iribarne, y arguye que se enmarca en el papel que deben desempeñar las Fuerzas Armadas en una sociedad democrática.

Es difícil que el gobierno argentino se vuelva atrás en su intención de eliminar el obispado castrense, aunque se tomará su tiempo para implantar la decisión.

 
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