Jueves negro para Venezuela

Caracas (AIPE)- El jueves 7 de febrero, los venezolanos se enteraron de una de las noticias más impactantes de los últimos tiempos: la petrolera Exxon Mobil obtuvo dos órdenes judiciales para congelar hasta 12 mil millones de dólares de activos de Petróleos de Venezuela S.A., la empresa petrolera estatal, en Gran Bretaña, Holanda y las Antillas Holandesas; además de obtener una tercera orden de un tribunal de los Estados Unidos para congelar fondos de PDVSA por 315 millones. Es oportuno recordar cómo se ha llegado hasta aquí. En los años noventa, cuando PDVSA era una empresa sólida y de reconocida reputación internacional, su gerencia se había propuesto llevar la capacidad de producción a 5.8 millones de barriles diarios para 2008.

Reconociendo que PDVSA no tenía ni el capital ni la tecnología necesaria para alcanzar ese objetivo, la gerencia propició acuerdos con empresas extranjeras.

Por un lado, con aprobación del Congreso Nacional, les dio a empresas extranjeras contratos de servicio para reactivar los campos marginales. Por otro, otorgó a varias compañías el derecho de explorar áreas vírgenes bajo la modalidad de ganancias compartidas, donde éstas arriesgaban su capital en búsqueda de petróleo y, si lo encontraban, asumían el compromiso de explotarlo en sociedad con PDVSA. Además, se crearon cuatro asociaciones con corporaciones de alta tecnología y capacidad financiera para mejorar la Brea de la Faja del Orinoco, donde PDVSA tendría una participación de 40 por ciento.

Pero, con la llegada de Chávez al poder, se cambió el enfoque de PDVSA, privilegiando el proyecto político del mandatario. Así, con su comportamiento autoritario y prepotente, violando leyes de la república y contratos contraídos, el gobierno cambió unilateralmente las reglas de juego a todas las empresas extranjeras que participaban en estas tres modalidades de negocio.

El 1 de mayo de 2007, el gobierno de Hugo Chávez tomó para sí el control de las asociaciones de ganancias compartidas y de las mejoradoras de crudo de la Faja del Orinoco, sin darles el derecho a pataleo, ni aceptar negociación alguna y, peor aún, sin pagarles el debido justiprecio por su participación. Exxon Mobil y Conoco Phillips no se doblegaron ante el gobierno bolivariano y acudieron al arbitraje internacional para reclamar sus legítimos derechos.

Ahora llegan estas órdenes judiciales de congelamiento de activos y embargo de fondos, en momentos cuando ni Exxon Mobil ni Connoco Phillips han podido avanzar en el proceso de arbitraje internacional con PDVSA, debido al silencio sepulcral en el que se ha sumido la estatal venezolana.

Hoy, esa prepotencia y autocracia del gobierno de Chávez coloca al país en una situación de perder-perder. Aún suponiendo que Exxon Mobil logre sentar al gobierno en la mesa de arbitraje, que éste negocie y que se obtengan resultados satisfactorios para todos, el daño a la credibilidad, a la reputación de PDVSA, y a la imagen del país, está hecho.

El costo a pagar es altísimo, pues se traduce para la nación en mayores costos por los préstamos y más dificultad en conseguir socios serios para cumplir el necesario aumento de producción. Todo esto en momentos cuando la estatal está enfrentando la mayor crisis de producción y de flujo de caja en su historia.

Bottome es director y Parra analista de VenEconomía

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