Ejército, sí o no

Una familia fue masacrada y ejecutada por elementos del Ejército Mexicano, en el poblado la Joya de los Martínez, municipio de Sinaloa de Leyva. Las causas, un reten militar producto de los operativos que se vienen implementando en contra del crimen organizado. Las víctimas: un padre de familia, una joven maestra de 17 años, otra joven de 19 y esposa del conductor y tres de sus hijos de tan sólo 2, 4 y 7 años de edad.

Las versiones de las que tuvimos conocimiento por los medios de comunicación son dos. Una, que el vehículo de esta familia recibió la orden de detenerse, no lo hizo y ante tal acontecimiento los soldados dispararon; la otra, dice que no alcanzó a detenerse y antes de cumplir la orden se abrió fuego sobre ellos. Como consecuencia, perdieron la vida la esposa del conductor, una de las acompañantes y los tres menores.

La Procuraduría General de Justicia Militar integró una averiguación previa en coordinación con la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa con el cargo inicial de violencia contra las personas para tres oficiales y 16 soldados que accionaron sus armas M16 en ráfaga y mataron a esos integrantes de esta familia e hirieron a otros más. A estos elementos un Juez militar con sede en Mazatlán Sinaloa les dictó auto de formal prisión. (1)

Estos lamentables acontecimientos deben a llevarnos a reflexionar, si en esta lucha emprendida por Felipe Calderón contra el crimen organizado y, específicamente contra el narcotráfico, el Ejército debe de continuar participando en funciones ajenas a las que fue creado, la defensa de la soberanía y del territorio nacional.

Por principio de cuentas, nuestra Constitución, en su artículo 129, establece que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en marzo de 1996, resolvió la acción de inconstitucionalidad 1/96 (2), en la cual estableció que las acciones que tiendan a la realización de la seguridad pública deben ser respetuosas del derecho y de las garantías individuales. Las Fuerzas Armadas actuarán en ellas en obediencia a la solicitud expresa, fundada y motivada de las autoridades civiles, como la intervención de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, pues tales actividades se encaminan, precisamente, a evitar condiciones graves que obliguen a decretar dicha suspensión de garantías.

Más adelante en el año 2000, la SCJN sostuvo la siguiente tesis de jurisprudencia:

EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA. SU PARTICIPACIÓN EN AUXILIO DE LAS AUTORIDADES CIVILES ES CONSTITUCIONAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 129 DE LA CONSTITUCIÓN). La interpretación histórica, armónica y lógica del artículo 129 constitucional, autoriza considerar que las fuerzas armadas pueden actuar en auxilio de las autoridades civiles, cuando éstas soliciten el apoyo de la fuerza con la que disponen. Por ésta razón, el instituto armado está constitucionalmente facultado para actuar en materias de seguridad pública en auxilio de las autoridades competentes y la participación en el Consejo Nacional de Seguridad Pública de los titulares de la Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, quienes por disposición de los artículos 29, fracción I, y 30 fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tienen a su mando al Ejército, Armada y Fuerza Aérea, no atenta contra numeral señalado del Código Supremo. Además, la fracción VI del artículo 89 constitucional faculta al Presidente de la República a disponer de dichas fuerzas para la seguridad interior. Por estas razones, no es indispensable la declaratoria de suspensión de garantías individuales, prevista en el artículo 29 constitucional, para que el Ejército, Armada y Fuerza Aérea intervengan, ya que la realidad puede generar un sinnúmero de situaciones que no justifiquen el estado de emergencia, pero que ante el peligro de que se agudicen, sea necesario disponer de la fuerza con que cuenta el Estado mexicano sujetándose a las disposiciones constitucionales y legales aplicables.

No obstante la visión en el ámbito internacional es distinta a la interpretación de la propia Suprema Corte, por ejemplo en el Informe sobre Desarrollo Humano 2002 (3) de la Organización de las Naciones Unidas se establece:

... En muchos países en desarrollo, las funciones de los militares y de la policía no están claramente diferenciadas. Durante una guerra la distinción se borra por completo, ya que las fuerzas armadas se encargan tanto de la seguridad externa como de la seguridad interna del Estado. Esto determina la necesidad de identificar las principales amenazas a la seguridad en las sociedades devastadas por la guerra y de formular políticas apropiadas para las fuerzas armadas, la policía, los servicios de inteligencia y otras fuerzas de seguridad. Algunas de las tareas más importantes consisten en lograr que las fuerzas armadas sean más manejables, menos costosas y más profesionales, y que estén claramente separadas de la policía.

Una fuerza de estas características sólo puede crearse mediante una capacitación eficaz -particularmente en las técnicas de la policía comunitaria y otro tipo de capacitación especializada- y merced a un mayor equilibrio étnico y de género. Puede ser tentador convertir a los soldados en agentes de policía, pero esto debe manejarse con cuidado. Los soldados, sobre todo los que han cometido violaciones de los derechos humanos, pueden tener métodos y una experiencia poco adecuados para la policía.

El propio Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en México (4) recomienda la separación entre las tareas de seguridad y justicia y las de naturaleza militar, menciona además que ha sido una preocupación constante en el seno de los organismos intergubernamentales que han recomendado a México la separación de los militares de las tareas policíacas y evitar delegar en las fuerzas armadas el mantenimiento del orden público o la lucha contra el Delito.
La propia Comisión Permanente (5) recientemente se pronunció en el sentido de que la intervención del Ejército en funciones de seguridad pública ha cobrado grandes dimensiones, al grado que se le ha considerado en algunos medios como la única solución al problema de la seguridad; sin embargo, ello ha provocado que el Gobierno posponga la necesaria labor de preparación y profesionalización de los cuerpos policiales de investigación, prevención y protección, relegándolos o nulificándolos en sus actividades para ceder el paso a las fuerzas del Ejército mexicano.

Sin embargo, ante la decisión de utilizar al Ejército en el combate al narcotráfico y ante la creciente ola de asesinatos y ejecuciones vinculadas al crimen organizado, no hay que olvidar que la batalla que enfrenta el Estado mexicano es contra un fenómeno de naturaleza transnacional, por tanto para su combate se requiere de medidas que desmantelen su estructura financiera, industrial y comercial.

Existen medidas que en otros países han sido eficaces como la extinción de dominio así como de mecanismos que permitan desmantelar la estructura económica del crimen organizado, el establecimiento de jueces especializados en delincuencia organizada, fortalecer los mecanismos para los testigos protegidos y agentes infiltrados, entre otros que existen en el derecho comparado y que el Estado mexicano puede retomar para que la lucha contra el crimen organizado no se traduzca únicamente en la persecución del delito sino en su prevención, sanción y desmantelamiento.

Notas:
 (1) Comunicado de Prensa número 68 de la Secretaria de la Defensa Nacional. www.sedena.gob.mx
 (2) Decisiones relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Suprema Corte de Justicia de la Nación, primera edición, noviembre de 2004, p 375.
 (3) Informe sobre desarrollo 2002. Profundizar la democracia en un mundo fragmentado. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Ediciones Mundi-Prensa 2002, p 95.
 (4) Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México. Oficina del Alto Comisionado de las naciones Unidas para los Derechos Humanos. Capitulo relativo a los Derechos Civiles p 44.
 (5) Dictamen de la Primera Comisión de la Comisión Permanente que contiene punto de acuerdo relativo a la participación del Ejercito Mexicano en Labores de Seguridad Pública. 22 de mayo de 2007. Gaceta Parlamentaria del Senado de la República. Dicho punto señalaba: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a instrumentar estrategias de fortalecimiento de las policías de investigación, prevención y protección a fin de evitar el despliegue del Ejército mexicano en tareas civiles de seguridad pública.

El autor es Asesor del GPPRD del área de Seguridad, Derechos Humanos y Justicia del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados
     
Sergio Ruíz Arias

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