El país más católico se "separa" del Vaticano

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La Santa Sede mostró temor porque sus misiones diplomáticas sean cerradas en diferentes países europeos, esto luego de que Irlanda cerrara tres embajadas, entre ellas el Vaticano, argumentando la crisis económica europea.

El primer ministro irlandés Enda Kenny justifico la acción como parte del programa de recorte de gastos, junto con el cierre también de las embajadas en Irán y Timor Oriental.

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Pese a la justificación oficial, cabe señalar que las relaciones entre el gobierno irlandés y vaticanas se desgastaron tras los informes sobre violaciones y abusos a menores por parte de sacerdotes en diferentes colegios e internados del país.Diversos medios locales han hecho públicas las denuncias de quienes acusan a Roma por la "conspiración del silencio".

La posición de la Iglesia es que si bien es evidente que hubo sacerdotes que a nivel individual cometieron actos injustificables, las denuncias de una conspiración para ocultarlos están infundadas.

"Esto es realmente algo muy malo para el Vaticano porque Irlanda es el primer país católico que lo hace y por lo que significa el catolicismo en la historia irlandesa", externó una fuente diplomática vaticana que habló bajo condición de anonimato a la agencia Reuters.

La embajada que Irlanda acaba de cerrar, es una preciosa mansión del siglo XVII (Villa Spada), situada en uno de los barrios más elegantes de Roma, que en 1849 fue el cuartel general de Garibaldi y durante la Segunda Guerra Mundial el hogar de la familia Agnelli, que controla Fiat.

El Gobierno irlandés la compró en 1946 por 150 mil dólares, y espera ganar varios millones de euros con su venta.

Hoy en día, la Iglesia católica vive horas muy bajas en Irlanda. Aunque un 87 por ciento de la población se declara católica, la asistencia a misa ha caído en picado, los jóvenes no quieren ser curas o monjas y los ingresos de las parroquias han disminuido alrededor de un 15 por ciento.

El gobierno irlandés exige a las órdenes religiosas (o en su defecto al Vaticano) el pago de la mitad de los mil 360 millones de euros establecidos como indemnizaciones a las víctimas de los abusos, y propone que se traspase al Estado la propiedad de conventos, colegios, asilos y tierras.

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