Pena capital: ¿castigo justo?

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Un secuestro que se convirtió en violación. Una violación que se convirtió en asesinato. Un asesinato que se convirtió en condena a muerte. Una condena a muerte que se convirtió en centro de la atención mediática durante la última semana.

Así fue el caso de Humberto Leal García, un mexicano residente en Texas que en 1994 secuestró, violó y asesinó a una adolescente. Fue condenado a muerte y el día jueves se le aplicó la llamada "inyección letal", a pesar de que hubo una sentencia por parte de la Corte Internacional de Justicia que ordenó la revisión y reconsideración judicial del veredicto y la pena impuesta.

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A pesar de que el presidente estadounidense Barack Obama interpuso una apelación a la Suprema Corte de Justicia, en una votación de cinco contra cuatro, se determinó que la sentencia no se detendría.

En 1926 se dio el primer caso en que un mexicano fuera ejecutado por autoridades estadounidenses, pero desde 1993 los casos de connacionales que se enfrentaban ante tal condena se comenzaron a ventilar en la prensa y a ser cuestionados. Últimamente con mayor rigor.

La pena de muerte es una práctica que aún se aplica en 69 países, de los cuales sólo dos son considerados de "primer mundo": Estados Unidos y Japón. El resto están en "vías de desarrollo" o son del "tercer mundo"; la mayoría son africanos, con influencias musulmanas o con una larga tradición de violación a los Derechos Humanos.

Por un lado, sus partidarios argumentan que con la pena de muerte el índice de criminalidad disminuye por "temor" a recibirla. En contraparte, los detractores consideran que no se ha demostrado que la pena capital tenga una incidencia en la disminución de crímenes.

Se esgrime como una forma de hacer justicia, pero se extralimita al momento de decidir quién vive y quién no.

Cabe recordar que en México la pena de muerte se ha propuesto, irónicamente, por el Partido Verde Ecologista, que la tomó como bandera política para atraer votos cuando la guerra contra el narcotráfico mostraba los primeros signos de que "algo no estaba bien". Por lo que se puso sobre la mesa la pena capital para secuestradores y violadores que maten a sus víctimas.

Sin embargo, el rechazo de la mayoría de los mexicanos a estas prácticas se hizo notar y la propuesta fue desechada, aunque no del todo olvidada, y podrá ser una ficha que algunos políticos jueguen más adelante.

De hecho, en términos políticos, al menos en Estados Unidos, se ha visto que es un arma bastante redituable que agrada al electorado cuando suceden crímenes en extremo violentos. ¿Podrá pasar algo parecido en México? La llamada guerra contra el narcotráfico ¿hará cambiar de opinión a los mexicanos?

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