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A estos internos y según las averiguaciones, se les imputan, además de ejecuciones en Durango, diversas masacres ocurridas en Torreón: la de la Quinta Italia Inn, ocurrida el 18 de julio y que dejó un saldo de 17 muertos; la del bar “Ferri”, ocurrida en febrero y la del bar “Juanas”, ocurrida en mayo. Las tres en este año.
Margarita Rojas Rodríguez, directora del Penal, era quien autorizaba la salida de los internos por lo que, junto con el subdirector, Francisco Carlos Alberto Uranga; el jefe de seguridad, Roberto Enríquez Aguayo, y el de vigilancia, José Guadalupe Díaz Ordaz, fueron arraigados por su implicación en el caso, y con la finalidad de que la investigación sea “más exhaustiva”.
Ricardo Nájera, portavoz de la PGR, aseguró que además de la orden de aprehensión preventiva de los cuatro funcionarios, varios custodios también fueron detenidos por su presunta participación en una de las masacres de Torreón.
"Los delincuentes cumplían sus ejecuciones como parte de ajustes de cuentas contra integrantes de bandas vinculadas con la delincuencia organizada”, afirmó Nájera, “también asesinaron cobardemente a civiles inocentes”.
Desde el domingo, las cosas no volverían a ser las mismas en el penal: los internos exigían la reinstalación de una directora corrupta, vinculada con el crimen organizado y sin la más mínima noción de la justicia, ni del bien y el mal; el Cereso se encontraba bajo el control de la Policía Federal (PF) y se trataba de un mundo de criminales que, desgraciadamente, dan muestra del nivel de corrupción al que pueden llegar nuestras autoridades.
Ahora, ¿en quién confiamos si no en ellas? Las autoridades ya no son una figura en la que podamos apoyarnos para sacar adelante a nuestro país, se han convertido en la representación misma de la corrupción y de la indiferencia ante el interés común. Conocer esta noticia es como “echarle limón a la herida”, pues durante los últimos años hemos visto un México fragmentado, pero no habíamos visto la profundidad de esas grietas del sistema, que han calado ahora hasta los más altos mandos.
Lamentable resulta que la PGR haya actuado a raíz de un video que circulaba por Internet, en donde un policía de Durango que confesaba trabajar para un capo de la región, aseguró que Margarita Rojas permitía a los reos a salir para realizar las ejecuciones. Es indignante que las autoridades no supieran hacer su trabajo, y que reaccionaran hasta la aparición de un video proporcionado por el mismo crimen organizado, pues fue filmado por los Zetas.
El procurador del Estado de Durango, Daniel García, aseguró que los culpables serán castigados y reconoció que de ser cierto, “algo falló” en el sistema carcelario. El problema es que no podemos seguir permitiendo que falle ni éste ni ningún otro sistema, no cuando las fallas son injustificadas, y no cuando se deben a que las autoridades no hacen el trabajo que les corresponde.
La Secretaría de Gobernación (Segob) afirmó que resulta indispensable realizar un rediseño del sistema penal. ¿En verdad necesitamos un rediseño, o necesitamos políticos y autoridades comprometidas que luchen por un México que parece hundirse?
Por otra parte, hoy entró en vigor la llamada Ley SB1070 de Arizona. Desde hoy es oficial que las personas sean consideradas criminales por ser “ilegales” y a pesar de que el miércoles se suspendieron temporalmente las secciones dos y tres de la ley, que son las más polémicas, aún se espera que la población indocumentada (entre la que se encuentran nuestros connacionales) sea vulnerada en su seguridad y en su persona.
La sección dos de la Ley, obliga a policías locales a determinar el estatus migratorio de una persona, de encontrarse una sospecha razonable; mientras que la sección tres avala la creación de un sistema migratorio paralelo a cargo de las autoridades del Estado.
México asegura estar preparado para poner en marcha medidas inmediatas que protejan los derechos de los mexicanos en Arizona, sin importar su condición migratoria. Me pregunto si en verdad nuestros connacionales pueden contar con que su país los proteja, cuando ni siquiera puede garantizar seguridad para su población al interior de la República.
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