La Reforma Electoral de "tercera generación"

Después de difíciles semanas de debate y discusión al interior del Congreso de la Unión, el pasado 14 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó el Dictamen del Senado por el que se proponen reformas a nueve artículos de la Constitución en materia electoral y de libertad de expresión. Al tratarse de una reforma constitucional, el dictamen fue remitido a las Legislaturas de los Estados para su aprobación.

La denominada reforma electoral de “tercera generación” ha sido juzgada por sus aciertos y desaciertos, pero seguramente trascenderá por el entorno político que la ha motivado y por la dinámica legislativa que produjo su aprobación. Las principales críticas no sólo se basan en el hecho de haberse negociado en el Congreso como “moneda de cambio” de la reforma fiscal, sino por haberse condicionado a la renovación del actual Consejo General del Instituto Federal Electoral.

No les falta razón a los que cuestionan la decisión de remover a los consejeros del IFE. Desde la reforma electoral de 1996, éste órgano ciudadano fue dotado de autonomía con respecto al Ejecutivo, precisamente para garantizar la imparcialidad e independencia de sus actuaciones. Sin embargo, desde entonces, la Constitución dejó la facultad a la Cámara de Diputados para elegir a los consejeros electorales, a propuesta de los Grupos Parlamentarios de los partidos políticos. Nada más cuestionable para asegurar la autonomía de un órgano constitucional en materia electoral. Las reformas aprobadas por el Congreso no propusieron modificaciones en este rubro, pero sugieren que los consejeros sean renovados de manera escalonada.

La renovación escalonada de cualquier órgano colegiado es positiva, pues permite la profesionalización y acumulación de experiencia de parte de sus integrantes. Pero por una premisa jurídica fundamental, la aplicación retroactiva de cualquier disposición, en perjuicio de persona alguna, se contrapone a los principios más elementales de justicia y de seguridad jurídica.

El problema no radica en que deba o no renovarse de manera escalonada el Consejo General del IFE, sino en que se estén aplicando estas disposiciones a sus actuales integrantes. Pero más aún, que la razón obedezca a cuestiones eminentemente políticas, que no sólo son reflejo de la polarización partidista en torno al proceso electoral del 2006, sino que se remontan a la propia designación del actual Consejo General.

Si bien es cierto que la aprobación de esta reforma no cuestiona la legalidad de la pasada elección presidencial, porque no fue el IFE, sino el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el que calificó su validez, no podemos negar que la independencia e imparcialidad de los nuevos consejeros electorales se podrá ver mermada, ante el precedente de que puedan ser removidos precisamente por los partidos políticos a los que deben de fiscalizar.

Sin embargo, sin ánimo de restarle importancia a este asunto, hay mucho más que ver y analizar sobre la reforma electoral que el Congreso de la Unión acaba de aprobar. Los aspectos positivos de esta reforma no son menores. Aunque no hayan sido debidamente resaltadas, la reforma electoral también incluye propuestas de gran relevancia para el fortalecimiento de nuestra democracia.

En primer lugar, la reforma consagra a nivel Constitucional el derecho a réplica como una garantía constitucional complementaria de la libertad de expresión. Esto constituye una vía inmediata para que los ciudadanos puedan defender su dignidad, reputación, personalidad o imagen, cuando se ven afectados por la difusión de información inexacta o equivocada. El reconocimiento de este derecho amplía el marco de garantías reconocidas en nuestra Constitución y fortalece el ejercicio de los derechos a la información y a la libertad de expresión, pues brinda mayores elementos de juicio sobre cualquier hecho.

Por otra parte, la reforma plantea uno de los temas más relevantes para la reducción del costo de nuestra democracia y de la influencia del dinero en los procesos electorales. Para evitar que siga creciendo el monto del financiamiento que reciben los partidos políticos en función del incremento del número de partidos y del costo de las elecciones anteriores, se propone un cambio en la fórmula del cálculo del financiamiento público ordinario, consistente en multiplicar el 65% del salario mínimo diario vigente en el DF, por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Además, el financiamiento público para las campañas electorales para Presidente, senadores y diputados federales se reduce en un 50% y para las elecciones intermedias en un 70%.
 

Otro de los rubros que han sido más cuestionados sobre los costos de las campañas en nuestro país, es el relativo a los montos de los recursos públicos que se destinan para propaganda electoral en medios electrónicos. Tan sólo durante el proceso electoral 2006, el gasto de los partidos y coaliciones en radio y televisión superó los 2 mil millones de pesos y los partidos reconocieron la contratación de 757 mil promocionales (sin contar otros 281 mil detectados por el IFE).

Con la reforma se elimina la posibilidad de que los partidos políticos o candidatos, en cualquier momento, contraten o adquieren tiempos en radio y televisión. Tampoco los particulares podrán hacerlo para influir en las preferencias electorales o manifestarse a favor o en contra de partidos o candidatos. El IFE será la única instancia, tanto a nivel federal como en los estados, que administrará los tiempos de los partidos en radio y televisión y, para ello, sólo podrán utilizarse los tiempos de Estado.

Con estas propuestas, se reduce notoriamente el poder del dinero en las campañas electorales, pues ahora todos los contendientes tendrán acceso a la radio y a la televisión en forma equitativa y proporcional al número de votos que obtengan en las elecciones anteriores. Pero también los partidos se verán obligados a ganar el voto ciudadano con mucho más trabajo de campo y a privilegiar el debate de las ideas por encima de la guerra mediática.

Por otra parte, durante las campañas electorales federales y locales, y hasta el día de la jornada electoral, se prohíbe que cualquier ente público difunda propaganda gubernamental en medios de comunicación. Esta no podrá incluir el nombre, la imagen, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

De gran importancia resulta también la regulación de las precampañas y la disminución de la duración de las campañas a 90 días para la elección presidencial y 60 días para elecciones intermedias. Además, los estados deberán homologar sus calendarios electorales, para que las elecciones se realicen el primer domingo de julio del año de la elección. Con esto se evita la situación actual de que en una misma entidad existan dos o tres elecciones en el mismo año.
 

En materia procesal electoral también observamos planteamientos relevantes. Las Salas Regionales del Tribunal Electoral funcionarán de manera permanente, lo que disminuirá la carga de trabajo de la Sala Superior y se aprovecharán mejor los recursos destinados para la administración de justicia electoral. Las elecciones no podrán anularse por criterios jurisprudenciales (como la causal abstracta), sino por aquellas causales expresamente establecidas en las leyes. Las Salas tendrán facultades para usar los medios de apremio necesarios para hacer cumplir sus resoluciones y podrán resolver sobre la no aplicación de leyes electorales contrarias a la Constitución, en el caso concreto sobre el que versen los juicios.

Si bien en esta reforma quedaron pendientes varios temas, tales como la reelección inmediata de diputados y munícipes, la disminución del número de legisladores en el Congreso, o la sujeción de los partidos políticos a las leyes de transparencia, entre otros; debemos reconocer que resuelve temas fundamentales para nuestra democracia electoral, que habían quedado pendientes.

Finalmente, cabe destacar que la dinámica que se vivió en el Congreso en las semanas pasadas, nos muestra un escenario muy distinto al que hemos presenciado en los últimos años. Esta vez, los legisladores se sentaron a negociar e implementaron un nuevo modelo para buscar consensos y conciliar posturas, privilegiando las coincidencias por encima de las divergencias. Sin duda, estamos siendo testigos de una nueva forma de hacer política al interior del Congreso, que nos muestra que cuando hay voluntad, sí se pueden alcanzar acuerdos. Nos falta ver ahora que este ejercicio se refleje para el resto de las reformas pendientes y que el principal móvil en sus decisiones, sea el mayor beneficio para todos los mexicanos.


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