Ordenamiento urbano y descentralización (Parte 1)

Nuevo año y nueva administración federal; por lo que este espacio se encargará de analizar lo positivo y negativo de esto a lo largo del año que comienza.


Administración Federal 2019


Arranca el año 2019 con nuevo gobierno a nivel federal y local. Siempre al inicio de una administración, vuelve la esperanza de que se vaya a fondo en la solución a los graves problemas de nuestra Ciudad.

Como cada año, trataré en este espacio de analizar algunos de los aspectos que considero importantes y urgentes para mejorar la calidad de vida de los capitalinos y a la vez, proponer soluciones prácticas que ayuden a los responsables del gobierno en distintas áreas.

Siempre empiezo con un tema fundamental que se refiere al Ordenamiento Ecológico Territorial como el instrumento de política ambiental cuyo objetivo se dirige a regular e inducir los asentamientos humanos y las actividades productivas acordes a la vocación natural de los usos del suelo, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Desde la creación de la Secretaría del Ordenamiento Urbano y Ecología (SEDUE) en 1982, el tema central ha sido la necesidad de establecer orden en el desarrollo urbano conforme al potente crecimiento demográfico que ha tenido el país.

Los esquemas de planeación del ordenamiento ecológico territorial están bajo la responsabilidad de las secretarías de Medio Ambiente, de Desarrollo Social y ahora de la reciente Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). Al final, la planeación urbana de la Ciudad de México debe respetar el ordenamiento ecológico territorial.

En la capital esto no ha ocurrido y por el contrario, se han roto todos los límites de sustentabilidad: la sobrepoblación está por encima de las principales capitales de países en el mundo; nos estamos quedando sin agua debido a la sobreexplotación de los acuíferos y a una pésima administración, con una de las eficiencias más bajas del mundo; la movilidad está colapsada por mala planeación y la necesidad de un transporte público de mayor eficiencia y capacidad; finalmente, se están destruyendo las pocas áreas verdes y bosques que todavía tenemos porque se sigue presionando a un crecimiento donde ya no es posible autorizar más vivienda.

El crecimiento explosivo de la capital y la zona conurbada que se dio en los últimos 60 años, ha sido consecuencia del sistema político nacional, basado en un presidencialismo exacerbado, con la concentración de decisiones y acciones por parte del Gobierno Federal. Esta situación es contraria al Pacto Federal contenido en la Constitución y es difícil de creer que este principio fundamental haya sido violado siempre.

La jefa de gobierno propone poner límites al crecimiento horizontal y recuperar áreas verdes, bosques y zonas de recarga, lo cual es muy bueno. A la vez, el presidente ha ordenado la descentralización de oficinas de algunas secretarías de Estado. La intención, desde luego, también es buena, pero la estrategia –desde mi punto de vista– es errónea.

México primero que nada debe fortalecer el federalismo, devolviendo responsabilidades a los estados y municipios. La verdadera descentralización se da en el desarrollo regional con la promoción subsidiaria de proyectos e inversiones a nivel local. El Gobierno Federal debe mantenerse en la capital que es la sede de los poderes federales. De poco sirve sacar las secretarías a otros estados, lo cual, al final, va a resultar mucho más oneroso e ineficiente.

Otro aspecto fundamental en la planeación urbana de la ciudad es el tema de los subsidios. Por razones complejas asociadas al centralismo político, la Ciudad de México presenta los mayores subsidios del país. Basta hacer una revisión rápida a las tarifas del transporte público, del agua potable y de la energía para constatar que en la capital se paga mucho menos por los servicios que en cualquier otra ciudad del país. Si cruzamos cualquier alcaldía de la Ciudad de México hacia los municipios del Estado de México, podremos constatar tarifas de agua cuatro o cinco veces por arriba de las que pagamos aquí.

Considero imprescindible la total coordinación de las políticas del Gobierno Federal con el de la capital de la República. Estamos realmente al límite y no hay espacio para errores.

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